El debate que para hoy había programado la Asamblea del Cesar sobre el convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación del Cesar y el SENA, en la que se iba a discutir unas presuntas anomalías, entre ellas aparentes sobrecostos en la compra de las Aulas Móviles, fue aplazado por la Corporación pública. Sin embargo, el exgobernador Cristian Moreno Panezo sobre el asunto dijo que la responsabilidad en la inoperancia del convenio es responsabilidad del SENA y no de su Gobierno.
A través de un análisis hecho al convenio interadministrativo suscrito con el Sena, el Gobierno de Cristian Moreno Panezo, responsabilizó a la dirección regional de la entidad en cabeza de Carmen Quintero Romero, no sólo del no funcionamiento de las cinco aulas móviles adquiridas por la Gobernación, sino de la decisión forzosa de liquidar en diciembre pasado, dicho convenio.
Moreno Panezo manifestó que “La dirección regional del SENA Cesar modeló el proyecto de las cinco aulas móviles, lo coordinó y conoció en detalle hasta el valor en que fueron adquiridos por el Departamento, sin que nunca advirtiera sobre la existencia de presuntos sobrecostos. Es decir, no cumplió con su deber de advertir sobre irregularidades en el proceso licitatorio, sólo pretendió hacerlo una vez consumado el proceso y las presuntas inconsistencias, con su silencio ayudó a propiciar lo que hoy en día ella misma censura”.
Agregó que “La Gobernación del departamento cumplió con todas sus obligaciones derivadas del proyecto y de los procesos contractuales, en tanto que el SENA regional Cesar no, a pesar de contar con los elementos y condiciones para hacerlo”.
Dijo que “El departamento del Cesar siempre sobrepuso los intereses colectivos y generales sobre cualquier otra consideración y por ello accedió a buscar soluciones a los reparos del SENA regional.
La directora del SENA siempre mostró su determinación para no operar las aulas móviles aportadas por el departamento, a pesar de las advertencias y reparos jurídicos y patrimoniales expuestos por la gobernación del departamento frente a la posición de aquella y en las que se evidenció con contundencia que sus actuaciones y solicitudes eran ilegales y arbitrarias, carecían de sustento jurídico y contractual”.
El exgobernador expresó que “Ante la posición irreflexiva, manifiesta e inconsistente del SENA regional de incumplir con sus obligaciones contractuales y convencionales, generando un detrimento patrimonial al erario departamental por la improductividad de las aulas móviles por el tiempo en que fueron entregadas a aquella, se dispuso declarar el incumplimiento contractual y su forzosa liquidación, con la consecuente afectación de las pólizas de seguros aportadas por el SENA para amparar el cumplimiento de sus obligaciones”.