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Exalcaldesa de Chiriguaná detenida por aparente corrupción en contrato de alimentación

De izquierda a derecha: María Concepción Canales, Zunilda Toloza y Eleuterio Rincón.

En las instalaciones de la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía en Valledupar se entregó en la mañana de ayer la exalcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Tolosa, procesada por presuntamente realizar actos de corrupción cuando fungió como mandataria en esa región del departamento del Cesar entre el periodo 2011- 2018.

La exfuncionaria se presentó voluntariamente ante las autoridades junto con el exsecretario de salud, Eleuterio Rincón Tortello y la representante legal de la Fundación Camino Verde, María Concepción Canales, al tener conocimiento que los tres eran requeridos por la Fiscalía a través de unas ordenes de capturas proferidas en su contra en la capital Cesarense.

A Zunilda Tolosa la Fiscalía 12 seccional la señala de aparentemente celebrar junto con los demás implicados un millonario contrato de alimentación para el adulto mayor en el año 2016 de manera irregular con la Fundación Camino Verde en Chiriguaná.

Según la investigación, el contrato de cerca de unos 8.500 paquetes alimenticios al adulto mayor para entregar durante cinco meses, fue celebrado por cerca de $1.500 millones de manera directa y no como los establece la ley de contratación pública mediante licitaciones abiertas.

Además de acuerdo el ente acusador, los paquetes nutritivos tenían sobrecostos en los documentos revisados, ya que un perito contable de la Fiscalía determinó que presentaban un sobre valor de más de 240 millones de pesos.

Entre tanto al exsecretario, lo señalan de omitir de manera consciente la vigilancia de del debido proceso de contratación, a causa que en la diligencia dejó constancia de cumplirse todo a cabalidad como lo indica la ley, para el favorecimiento aparentemente de la otra persona involucrada.

“Adicionalmente, se les señala que durante la ejecución del contrato se incumplió con los pagos a 27 personas, cabezas de familia, quienes trabajaban en el convenio y a quienes a la fecha dicen se les adeudan 51 millones de pesos en salarios”, informó la Fiscalía mediante un comunicado.

Por tal razón, a los implicados el organismo investigador los hace responsable de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Hasta el cierre de esta edición los implicados eran presentados por la Fiscalía seccional 12 ante un juez de control de garantías para la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Categories: Judicial
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