La Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $ 52.815 contra del exalcalde del municipio de El Paso, Gunder Escobar Molina, por unas irregularidades cometidas en un contrato de infraestructura educativa. La decisión del ente de control también cobija al exjefe de Planeación, Dairo Campo Ospino, en su calidad de supervisor.
Escobar fue elegido para el periodo 2008-2011, tiempo en el que se celebró el contrato de obra 356 del 30 de diciembre de 2009, por un valor inicial de $ 743.773, adicionado en $ 375, suscrito por el municipio de El Paso con la Unión Temporal Estructuras Educativas, conformada por Rosa Teresa Cotes Bermúdez y la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira -Asoaguas, representada por Silvio Esnobis Cuesta Solano.
El contrato tuvo por objeto la construcción, terminación y adecuación de obras físicas en el Colegio Nacionalizado El Paso, y las instituciones Benito Ramos Trespalacios, Octavio Mendoza Durán, Escuela Santa Rosa de Lima, Escuela El Hatillo, Santa Bárbara y Escuela Mixta No. 2.
Según el fallo con responsabilidad fiscal, se incumplió con dicho contrato. El informe técnico rendido dentro del proceso por un ingeniero civil de la Contraloría, determinó que se presentaron contradicciones entre lo señalado en actas de interventoría y lo ejecutado, además se pagaron obras no ejecutadas y hubo algunas sin recibir.
El presunto detrimento patrimonial por un valor indexado de $ 52 millones, corresponde al faltante por amortizar, obras recibidas sin ejecución y falencias técnicas.
La Contraloría dejó ver que el contratista no cumplió de manera cabal el objeto del contrato y a pesar de haber subsanado muchas de las irregularidades presentadas, se le terminó declarando la caducidad del mismo.
En cuanto a Escobar Molina, se le atribuye responsabilidad ya que nunca adoptó medida alguna tendiente a la correcta inversión y ejecución de los recursos públicos, no requirió al contratista el cumplimiento de lo pactado y además recibió las obras a satisfacción.
Posteriormente su sucesor, se vio en la necesidad de declarar la caducidad del contrato.
En cuanto al interventor externo, Applus Norcontrol Colombia, si bien informó de los atrasos de las obras y solicitó adoptar medidas, aparece con responsabilidad porque, a pesar de ello dio por recibidas obras inconclusas, de mala calidad y no ejecutadas.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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