Aunque quedó en libertad, el exmandatario seguirá vinculado al proceso y no podrá salir del país.
Basado en nuevos elementos materiales probatorios, el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, le revocó la medida de detención domiciliaria y le dio la libertad, al exalcalde de Valledupar Freddy Socarrás Reales.
El exmandatario había perdido la libertad debido que presuntamente negoció dos lotes del municipio de Valledupar por un precio muy inferior a su valor real, mediante permuta con otro particular, cuando fungió como alcalde en el periodo 2012 – 2015.
Entre las evidencias mostradas por la defensa están las respuestas de la administración municipal actual a varios derechos de petición que realizaron con el fin de esclarecer el negocio de permuta pactado entre el exalcalde y la ciudadana María Inés López Reyes, quien también actualmente enfrenta un pleito judicial por los mismos hechos.
Asimismo, el togado tuvo en cuenta lo sustentado en la última diligencia por el fiscal Quinto, Héctor Ruíz en la que expresó que la Fiscalía carece de elementos materiales probatorios para demostrar algunos de los delitos imputados como peculado e interés indebido en contrato, en audiencias preliminares celebradas el 14 de noviembre del año 2018.
“Al contrario, considero que el Municipio según este avalúo de la Fiscalía, a mí en lo personal, me dice que el Municipio salió ganando por más de 3 mil millones de pesos, entonces si eso es así, pues actuando con lealtad procesal y con lineamiento que me exige el código, con los elementos que tenemos acá observamos que no hay detrimento, hay es una ganancia”, dijo en su momento el fiscal Quinto, Héctor Ruíz, quien agregó además que lo que se podría indagar es una celebración indebida de contrato y no los otros dos delitos imputados como peculado por apropiación e interés ilícito en celebración de contratos.
Aunque el exmandatario quedó en libertad, seguirá vinculado al proceso y tendrá que cumplir con tres exigencias entregadas por el juez como: no salir del país, no realizar contrataciones con el Estado y pagar una caución de tres salarios mínimos.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
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