Ante un fiscal de Riohacha, Guajira, se entregó el ex gobernador de ese departamento José Luis González Crespo, presuntamente vinculado a irregularidades que se produjeron en algunos procesos de contratación de la administración departamental.
Al parecer, el convenio de prestación de servicios celebrado entre la Gobernación y un abogado para el desarrollo de una batalla jurídica que libraba el departamento por una estampilla no contó con la debida ejecución, pues aparentemente derivó en actividades completamente distintas a las descritas en el objeto del contrato.
Supuestamente, la Gobernación buscaría la asesoría jurídica de Osvaldo Rogelio Díaz Bermúdez, para recuperar los réditos financieros derivados de la existencia de una estampilla, pero los dineros, aparentemente, resultaron en poder de un tercero.
Una vez tuvo el poder, el jurista visitó varios municipios del departamento y logró que se giraran los recursos públicos a nombre de su empresa, Prodesarrollo, Gestión y Recaudo. Los dineros que debían terminar en poder de la Gobernación pertenecían a las poblaciones de Urumita, Villanueva, La Jagua del Pilar, Distracción, Hato Nuevo, Albania, Manaure, Maicao y Uribia, en suma que según la Fiscalía General de la Nación superó inicialmente los mil 800 millones de pesos.
Sin embargo, durante la investigación surgió el nombre de otra empresa que terminó apoderándose de un gran porcentaje de los recursos: Prodesarrollo y Turismo EU, cuyo representante legal era René Alfonso Argote Ariño, quien recibió los recursos de parte del abogado Osvaldo Rogelio Díaz Bermúdez.
Por estos hechos, un juez de descongestión de Riohacha condenó a 10 años de prisión a Argote Ariño, quien en el pasado trabajó en la Contraloría Departamental y que en su momento responsabilizó al gobernador de la contratación del abogado. Al dirigente se le endilgan los punibles de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.