EL PILÓN conoció los resultados acumulados de la prueba de conocimiento y la evaluación de la hoja de vida dentro del concurso de méritos a través del cual se elegirá al próximo director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el departamento del Cesar.
Hasta el momento, el mejor resultado lo tiene Gabriel Castilla, exdirector del ICBF, con 71,88 puntos; en segundo lugar quedó Víctor Hugo Armenta, exdirector del Sena Regional del Magdalena, con 69,84 puntos, y seguido aparece Mayka Paola Quiroz, actual coordinadora de la Casa de Justicia del barrio Primero de Mayo de Valledupar, con 67,6 puntos.
Aunque estos son los tres mejores calificados y favoritos para conformar la terna, aún falta la entrevista, la cual aporta 15 puntos dentro del concurso de méritos que organiza la Universidad Nacional de Colombia.
Por eso, también tienen opciones Libia Alvis Barranco, directora del Departamento de Psicología de la UPC, quien sacó 66,5 puntos; Ender Masco Gutiérrez, con 66,3; Antonio Junieles Araújo, exdirector del Ministerio de Trabajo y Área Metropolitana de Valledupar, con 66,26.
Y por último, aparecen Jorge Naín Ruiz Ditta (66,10 puntos), quien fue asesor legal de la Procuraduría General, y la exgerente de la Contraloría en el Cesar, Daniela Pumarejo, con 63,46.
Aunque se designa a través de un concurso de méritos, el cargo de director regional del ICBF es de libre nombramiento y remoción y tiene un salario de $9.2 millones.
En la entrevista que le realizarán a los más opcionados, la Universidad Nacional buscará conocer y analizar los comportamientos y el actuar del aspirante “ante las diversas situaciones similares a las que se presentan en el cargo de director regional, a partir de sus experiencias laborales previas valoradas de acuerdo con la misionalidad y gestión institucional”.
FUNCIONES
El director regional del ICBF, según lo establecido en las normas, es el encargado de adelantar las actividades estratégicas, administrativas y jurídicas en la regional “de conformidad con las instrucciones impartidas por la Dirección General y cada una de sus dependencias”.
Igualmente, deben implementar, en coordinación con la Dirección General, la Política Pública para la protección integral de la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y el bienestar de la familia, y desarrollar el “Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes”.
Por Deivis Caro