Para la mañana del próximo 3 de diciembre quedó establecido el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado para la familia del optómetra Edgar Sánchez Duarte, asesinado el 13 de septiembre de 1993 en Valledupar por miembros de la extinta Unidad Antisecuestro y Extorsión del Ejército Nacional, Unase.
Lee también: Habría muerto intoxicado tras fumigar su casa en Valledupar
El evento que se realizará de manera virtual corresponde al acuerdo de solución amistosa al que llegaron los afectados con los representantes del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 14 de julio.
Al organismo internacional, el proceso llegó el 1 de febrero de 2007 y fue admitido el 7 de julio de 2018 para examinar las presuntas violaciones en relación al derecho a la vida, las garantías judiciales y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con este acuerdo concluyen más de 10 años de lucha de la familia para que se hiciera justicia con el profesional de la salud, quien habría sido catalogado como tesorero de las Farc y por eso fue ultimado con arma de fuego, al parecer, por orden de miembros de la Fuerza Pública.
“La presunta víctima habría sido seguida durante varios días, hasta el 13 de septiembre de 1993, cuando recibió tres disparos de arma de fuego mientras se encontraba en las afueras de su domicilio, frente a su esposa y sus dos hijos”, dijo la CIDH.
No dejes de leer: Tras un año aún no acusan a quien habría ocasionado la muerte de comerciante en Los Cortijos
Según los hechos alegados en la Comisión Interamericana, producto de las investigaciones iniciadas de oficio, el 31 de julio de 1994 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, sentenció a 30 años de prisión por el delito de homicidio aun soldado retirado del Ejército Nacional. El fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Valledupar el 27 de octubre de 1994.
“Sostienen que en diversas declaraciones la persona condenada confesó haber sido quien conducía el vehículo oficial, pero además responsabilizó al Comandante Mayor de la UNASE y a otros dos efectivos militares por la autoría intelectual y material de la muerte de la presunta víctima”, reza el informe de admisibilidad del CIDH.
Así las cosas, el Estado no solo deberá hacer el acto de desagravio sino otras medidas de satisfacción como la atención médica, psicológica y psicosocial de los afectados, el otorgamiento de una beca de estudio universitario al hijo de la víctima y la compensación económica a los familiares.
Te puede interesar: Incendio consumió bienes de una familia en Valledupar
SABÍAS QUE…
En el mes de diciembre de 2018 esta misma Corte condenó a la nación por los crímenes cometidos contra miembros de dos familias, atribuidos a los paramilitares, en el año 1994 en el municipio de Aguachica. Las víctimas fueron de Noel Omeara Carrascal, su hijo Manuel Guillermo Omeara Miraval y el suegro de este, Héctor Álvarez Sánchez.
POR: Marllelys Salinas / EL PILÓN
marllelys.salinas@elpilon.com.co