Nicolás Maduro se posesionó ante el Tribunal Supremo de Justicia, como lo había anunciado, ante la posición de la Asamblea Nacional de Venezuela que lo desconoce como primer mandatario y convoca a un gobierno de transición. Este último organismo es la debida instancia a la que, según las leyes venezolanas, debió acudir Maduro para establecer oficialmente su segundo mandato.
De tal manera, y sumándose a la posición de la Asamblea y un sinnúmero de jefes de Estado, el Consejo Permanente de la OEA acuerda “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro”.
Esto dice la resolución que se aprobó con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia:
RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACION EN VENEZUELA
(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 10 de enero de 2019)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
REAFIRMANDO el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana,
RECORDANDO que, mediante la AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018, la Asamblea General declaró que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático,
CONSIDERANDO que el período presidencial 2019-2025 que empieza en Venezuela el 10 de enero de 2019 es el resultado de un proceso electoral ilegítimo,
ENFATIZANDO la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente electa,
REITERANDO SU PROFUNDA PREOCUPACION en relación con el empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela resultante del quiebre del orden democrático y de serias violaciones a los derechos humanos en dicho país, así como la negligencia del gobierno de Venezuela de alcanzar los estándares interamericanos básicos en materia de derechos humanos y democracia,
RECONOCIENDO que, en consecuencia, un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país, en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas,
REITERANDO su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela, que ha llevado a la reaparición de enfermedades infecciosas previamente erradicadas en Venezuela, así como en países fronterizos y en la región.
OBSERVANDO que el éxodo de venezolanos está teniendo un impacto en la capacidad de los países de la región para cubrir sus necesidades básicas y plantea desafíos a la salud pública y la seguridad,
TOMANDO NOTA al respecto, de la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, del 4 de septiembre de 2018, y su Plan de Acción, adoptado el 23 de noviembre de 2018.
CONDENANDO con la mayor firmeza las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela,
ENFATIZANDO que el Consejo Permanente y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se mantienen dispuestos a llevar a cabo iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, destinados a promover el diálogo en Venezuela con miras a arribar a una solución política de la crisis en dicho país,
RESUELVE:
No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019,
Reafirmar que, solo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.
Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela,
Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales,
Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados, mediante el apoyo a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas,
Urgir al régimen venezolano que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición y propagación de enfermedades,
Exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos,
Expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos,
Instruir al Secretario General para que transmita el texto de la presente Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.