Aduciendo un desgaste económico y anímico, pero principalmente tener que vivir una odisea por la elección de Omar Contreras Socarrás como contralor municipal de Valledupar, los concejales se defendieron por medio de versión libre ante la Procuraduría Regional del Cesar, que los tiene vinculado en proceso disciplinario.
Yesith Triana Amaya, Roberto Carlos Castro Romero, Gabriel Muvdi Arangüena, Gloria Margarita Ovalle y José Amiro Aramendiz Sierra, fueron los cinco investigados que decidieron dar su concepto por la presunta comisión de falta disciplinaria, al votar por Contreras Socarrás, quien según la Procuraduría estaba inhabilitado, pero fue elegido con 16 votos a favor, dos votos en blanco y un concejal ausente, teniendo como base un fallo del Consejo de Estado que anuló el acto del Concejo de Valledupar.
El actual presidente de la corporación, Yesith Triana Amaya, le dijo a la procuradora (e) Margarita Cuenca Urbina, que consultaron a especialistas como abogados y por eso “el Concejo ha hecho lo que le corresponde, en derecho y de buena fe, en cumplimiento de una lista de elegibles en un concurso de méritos”.
A su turno, Roberto Carlos Castro Romero, advirtió que su llegada al Concejo fue en diciembre de 2016, tras la salida de Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, así que “el tiempo para estudiar (el fallo) fue demasiado corto”, porque según el representante del Partido de la U, fue designado como concejal durante la sesiones extras donde se debía elegir al contralor.
“Actué de buena fe y en su momento nadie nos dijo que Omar Contreras estaba inhabilitado”, puntualizó Castro Romero.
Mientras, José Amiro Aramendiz Sierra advirtió que el Concejo anterior “tenía toda la responsabilidad del proceso”, dado que contrató el proceso con la Universidad Autónoma del Caribe para el concurso de méritos.
“Tuvimos muy poco tiempo para estudiar todas las posibles inhabilidades. Ha sido una odisea el tema de contralor y por cumplir un fallo hoy nos vemos incursos una investigación, cuando solo estábamos cumpliendo una orden jurídica”, señaló Aramendiz Sierra.
Sobre las 9:50 de la mañana, la procuradora regional del Cesar (e), Margarita Cuenca Urbina, dio un receso para adecuar el celular que estaba grabando la sesión, hecho que se prolongó hasta las 10:15. Antes había negado la petición del abogado Leonardo José Daza Hernández, quien pidió suspender la audiencia debido a que su apoderado Leonardo Mestre Socarrás está privado de la libertad y no había podido llegar a la cita, a lo que Cuenca Urbina contestó que tenía permiso dado que la misma Procuraduría adelantó esa solicitud ante la dirección de la Cárcel Judicial y su reclusión es domiciliaria.
Gloria Margarita Ovalle pasó a la silla diciendo que “el tema es desgastante, económica y anímicamente”, además “no nos han dejado ejercer la función para la cual fuimos elegidos, como concejales”.
Destacó que nunca ha querido violar la ley y que los concejales vinculados a la investigación quedaron “en medio de una puja de poderes” entre Omar Contreras y Álvaro Castilla, quien también fue desvinculado del cargo como contralor.
Finalmente, Gabriel Muvdi Arangüena calificó como “una novela de nunca acabar. A pesar de que escuchamos a la función pública decirnos que no estaba inhabilitado Omar Contreras”, y le pidió a la Procuraduría citar a los magistrados, abogados, Universidad Autónoma, exconcejales, secretario general del Concejo para la época del proceso y a la Función Pública, para que entregue su concepto que fue derogado por el Consejo de Estado.
Finalmente tomaron posición abogados como Wilson Alfredo Rojas, representante de Víctor Alvarado Bolaños, quien dijo que “la información no estaba potencialmente actualizada” y aportó una serie de pruebas al proceso.
Lo mismo hizo Cicerón Maestre Vega, apoderado de Gloria Ovalle, Gabriel Muvdi Arangüena, José Aramendiz Sierra, Roberto Carlos Castro y Yesith Triana Amaya, conminando la responsabilidad al Tribunal Administrativo del Cesar que, para el jurista, “tenía la responsabilidad y se la dejó a la Procuraduría”.
El proceso continuará con la solicitud de pruebas, alegados de la defensa, otros trámites que cumplirá la defensa ante el Ministerio Público.