Luego de múltiples investigaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sigue mostrando avances sobre las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate o falsos positivos que se efectuaron desde la dirección del Batallón de Artillería Número Dos La Popa de Valledupar, en cabeza del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez en los años 2002 y 2004.
Algunos avances tienen que ver con el relato del teniente coronel Heber Hernán Gómez Naranjo que rindió el 30 de noviembre del 2018 en la versión libre y reservada, en el marco del caso 003 que adelanta la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. En la audiencia que duro casi seis horas se conocieron los actos “sanguinarias” que se cometieron en el Batallón La Popa.
Según los detalles que se conocen del relato de Gómez Naranjo, en investigación de El Espectador, el Batallón La Popa era una “máquina de guerra” y como tal tenían que verse los resultados operacionales. Por tal motivo se conforma un grupo de 14 militares con el nombre de ‘Zarpazo’, quienes salían y como a las cuatro o cinco horas volvía con la novedad de que habían dado dos o tres bajas. Eso pasaba seguido. Situación que a todo el mundo le parecía raro que mientras las contraguerrillas completas, que patrullaban las partes altas y sí estaban cerca de la guerrilla no daban bajas; los del grupo Zarpazo siempre que salían regresaban con bajas exitosas.
Todos estos datos y la confirmación de la relación del coronel Mejía con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se leen en el informe publicado por la revista Semana en el que se reveló que Mejía Gutiérrez tendría un sueldo mensual de $30 millones, aportados por Jorge 40, “para que los militares no se metieran con sus hombres”.