Luego que desde Bogotá los organismos de control le pusieran la lupa a la alimentación escolar, sobre todo en la costa, empezaron a salir los primeros resultados. En ese sentido, en La Jagua de Ibirico la Contraloría General de la República detectó un sobrecosto por $3.026 millones.
El informe emitido por el ente de control señala que en este municipio la administración compró víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, incluidos en un kit alimenticio entregado durante 18 meses a 5.063 beneficiarios, entre niños y niñas desnutridos y en riesgo de desnutrición, madres gestantes y lactantes, el cual presenta sobrecosto.
Al revisar la ejecución del contrato número 340 del 3 de diciembre de 2012, que suscribió el municipio con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones, encontró la presunta irregularidad.
El órgano de control informó que el mayor valor cancelado por concepto de componentes de los paquetes nutricionales contratados fue de $4.287 millones, que bajó a $3.026 millones al momento de definir el presunto detrimento patrimonial, dado que se consideraron deducciones efectuadas sobre los pagos realizados y el porcentaje correspondiente a las pólizas de calidad y cumplimiento.
Debido a la posible connotación disciplinaria y fiscal de este hallazgo, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, hizo el traslado al procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, y al fiscal Luis Eduardo Montealegre.
Como se dio
Según la Contraloría $1.433 millones se invirtieron en los kits entregados a 1.484 niños y niñas menores de 3 años; $1.260 millones en la entrega de kits a 1.235 madres lactantes; $1.081 millones en la entrega de kits a 1.140 niños de entre 3 y 5 años; $272 millones en los kits entregados a 350 madres gestantes, y $238 millones en los productos que hacían parte de los kits entregados a 854 niños y niñas de 0 a 1 meses.
La Contraloría evidenció que los mayores sobrecostos se dieron en el pago de productos como mantequilla y leche entera con hierro por $287 millones y $277 millones respectivamente, en los kits para menores de 3 años; de igual modo, complementos de panadería ($220 millones en los kits destinados a niños entre 3 y 5 años); y aceite vegetal por $116 millones en los kits que recibieron las madres lactantes.
El ente de control encontró que compraron avena en hojuelas por 250 gramos a $3.480, cuando la cotización que obtuvo la Contraloría es de $1.910; mientras que harina de maíz por libra la compraron a $2.520 pesos, cuando el valor real es de $1.370.
Para hacer la comparación de costos, la Contraloría tomó los precios de dos almacenes de grandes superficies de Valledupar, debido a que la administración informó que había tenido en cuenta los precios de este tipo de establecimientos.
También visitó a algunos beneficiarios, en diferentes barrios de La Jagua de Ibirico, y verificó que las marcas de los productos entregados no son comercializados por los almacenes de grandes superficies.
Esta práctica de sobrecostos no es nueva en La Jagua de Ibirico, en otras administraciones también se ha dado, de ahí que muchos alcaldes hayan ido a parar a la cárcel.
Las supuestas irregularidades se detectaron en alimentos como harina, aceite y leche.
Redacción