A lo largo del funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, se han registrado 5.661 casos de desaparecidos en el departamento del Cesar, de los cuales solamente 3.153 han sido verificados.
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Los municipios con más reportes en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, SIRDEC, son Valledupar (con 1.165 víctimas), Aguachica (299), Agustín Codazzi (255), Curumaní (176), El Copey (138), La Jagua de Ibirico (135), Bosconia (121), San Alberto (104) y Pailitas (102).
“Llama la atención que de estos 3.153 casos, menos de 600 tienen muestra genética en el banco de perfiles genéticos, ahí viene un primer reto que es localizar a la gran mayoría de las familias de los desaparecidos para tomar las muestras“, manifestó Carlos Murillo, subdirector científico del Instituto de Medicina Legal.
No obstante, el número de reportes de desaparecidos es bastante dispar con el total de los registros de la entidad forense sobre los cadáveres no identificados.
“En el Cesar tenemos 1.047 registros de cadáveres no identificados, llama la atención que coinciden los sitios de desaparición con los lugares de mayor número de cadáveres en condición de no identificado como son Valledupar, Codazzi, El Copey, Curumaní y Chiriguaná. De estos casos, en la gran mayoría de los cementerios no hay trazabilidad de dónde están, pues muchos fueron realizados por médicos del sector salud e inhumanos por las administraciones municipales en los cementerios y no tenemos la suficiente información“, agregó Murillo.
Además, los grupos de profesionales forenses, conformados por un médico, dos antropólogos, un odontólogo y un asistente forense, para atender cada cadáver exhumado presentan dificultades frente al presupuesto e infraestructura de los escenarios.
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Esto se debe en parte al escaso presupuesto de $1.450 millones asignado por el Gobierno para el proyecto de ‘Fortalecimiento del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para atender los retos del posconflicto’.
“Tenemos 12 equipos y está claro que no son suficientes, necesitamos más equipos, duplicar o triplicar, pero hacerlo lleva a otro problema: no hay el espacio físico para la actividad forense, entonces debe ir de la mano con inversión en infraestructura“, acotó Murillo.
A este panorama se suman otros inconvenientes para las exhumaciones como el abandono de algunos cementerios, el deterioro de algunos sitios para inhumación, las inhumaciones no controladas y la remoción de cadáveres sin control.
Para la búsqueda las autoridades forenses en los registros llevan el control de los desaparecidos que han sirio ubicados muertos y vivos en el departamento.
“284 aparecieron vivos pero hay que buscar las actas de supervivencia con verificación de policía judicial, tenemos cerca de 14 mil registros de aparecidos vivos en Colombia que no tienen el acta de supervivencia“, puntualizó Murillo.
En consecuencia, la entidad forense tiene grandes retos para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos e identificar los cadáveres exhumados.
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Hasta el momento, según el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, GRUBE, son 472 los que permanecen en laboratorios como posibles víctimas de conflicto armado en el departamento del Cesar.
De esas un total de 207 cuerpos fueron entregados a los familiares mediante ceremonias solemnes. No obstante, 247 cuerpos permanecen en los distintos laboratorios forenses como no identificados o CNI.