El personero de Chiriguaná, Pedro Miguel Peinado, solicitó una investigación penal con fundamento en tres hallazgos de la Contraloría General de la República, en los que se determinó que después de confrontadas las facturas de compra de equipos médicos, con los precios fijados en el contrato se detectó un presunto sobreprecio por valor de $209.356.207 en un contrato del Hospital Regional San Andrés.
El ente de control deja ver que el 17 de junio de 2015 el Hospital de Chiriguaná a través de su gerente suscribió un contrato con Procesos Médicos S.A.S, por valor de $952.391.976, cuyo objeto era la compraventa de equipos médicos y quirúrgicos, en un plazo de 60 días.
El contrato se firmó después que se adelantó la invitación pública que duró dos días con la participación de un solo proponente.
La lista de compras contiene 58 elementos y en todo existe lo que la Contraloría llama sobreprecio.
Asegura el personero municipal que en ese momento el Hospital San Andrés no aportó los estudios previos de costos que los equipos adquiridos tuviesen en el mercado.
Además que tampoco se evidenció la conformación del comité evaluador, cuyas funciones fueron asumidas por un asesor jurídico externo, “quien a través de un informe sin fecha, recomienda a la gerente de la entidad la celebración de dicho contrato”.
El funcionario del Ministerio Público busca que las autoridades investiguen lo ocurrido con este contrato que dejó un detrimento patrimonial a las arcas del hospital que ha estado en problemas financieros, tanto que por un tiempo sólo estuvo prestando los servicios del primer nivel, mientras la administración departamental hacía gestiones para sacarlo del riesgo en que se encontraba.