Un total de 37 personas presuntamente fueron defraudadas por la Fundación Camino Verde, legalmente representada por María Concepción Canales Felizzola, quien contrató con la Alcaldía de Chiriguaná el programa ‘Abuelos mejor nutridos’, cuya finalidad era atender a los adultos mayores de ese municipio cesarense.
El proyecto contratado por la administración municipal estuvo vigente en el 2016 por un periodo de cinco meses desde agosto hasta diciembre y en enero de 2016 inició la gestión por parte de los 37 habitantes de Chiriguaná para que la fundación que ejecutó recursos del Estado, respondiera por el compromiso adquirido con los trabajadores por prestación de servicios.
El primer paso fue redactar un oficio con fecha del 11 de enero, firmado por todos los afectados a la alcaldesa del municipio, Zunilda Toloza Pérez, para ponerla al tanto de la situación y pedirle apoyo a la mandataria ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad.
Sin embargo, los afectados denuncian que el porcentaje pendiente al concluir el contrato, fue pagado por el municipio, bajo el argumento de que no tiene responsabilidad con las personas supuestamente contratadas, toda vez que quien debía pagarle era Camino Verde.
El Concejo intervino
En mayo, el Concejo Municipal de Chiriguaná propuso un debate para citar al secretario de salud municipal y a la representante legal de la Fundación Camino Verde, quien no asistió ha llamado del Concejo, como sí lo hizo el funcionario de Salud, quien aclaró que en la información suministrada por la fundación, sólo contrató a personas que aparecen ya pagadas y por ningún lado figuran los 37 habitantes que declaran haber sido afectados económicamente.
Ante esto el Concejo Municipal indagó a cerca de la existencia de la fundación, la cual ya no está en el barrio Villa Concha de Valledupar, en la dirección que aparece especificada en el contrato entre la Alcaldía de Chiriguaná y la Fundación Camino Verde.
Las personas que declaran ser afectadas dicen que desempeñaron labores desde el 15 de agosto hasta el 30 de diciembre de 2016 y que recibieron los tres primeros pagos, pero les quedaron debiendo noviembre y diciembre sin razón alguna.
Según Arnovis José Porras, afectado por la cuestionada fundación, de los 37 que reclaman hoy su pago hay más de 30 mujeres y cerca de cinco hombres, con lo que quiso dar a conocer que todas son personas de bajos recursos, algunas mujeres cabeza de hogar y amas de casa.
Entre las labores de la Misión Humanitaria estaba la entrega de paquetes alimenticios, de los cuales denunciaron que esta fundación no cumplía con la entrega total de los alimentos a los adultos mayores y que en algunas oportunidades, los abuelos quedaban sin mercados.
La deuda con los 37 habitantes de Chiriguaná asciende a 51 millones de pesos sumados los dos meses y el contrato firmado entre la Alcaldía y la Fundación fue por el valor de 1.580 millones de pesos.
EL PILÓN intentó conocer la posición de los representantes de la entidad cuestionada pero no fue posible contactarlos.