El tema de la destitución e inhabilidad del alcalde de la capital del país, Gustavo Petro, ha sido motivo para movilizaciones en todo el país de los simpatizantes de este político. Pero el pasado martes se dio una noticia que a los simpatizantes del alcalde Bogotá los tranquilizó un poco; se trató de la suspensión de manera provisional de los efectos del fallo de la Procuraduría General de la Nación.
El Magistrado del Tribunal Administrativo, José María Armenta Fuentes, originario de La Guajira fue quien resolvió la tutela presentada por el ciudadano José Gotardo Pérez en la que se reclama la vulneración de derechos políticos y donde se suspende de manera provisional los efectos del fallo en segunda instancia de la Procuraduría que destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
Armenta nació en esta región y se crió en Valledupar, estudió derecho en la Universidad Externado y se especializó en Derecho Público y Contratación Estatal. Ejerció varios años en el Cesar como docente y en Riohacha como Inspector de Policía y abogado sustanciador de la oficina de escalafón docente del Distrito en Bogotá.
En el año 2004 cuando oficiaba en el Tribunal Administrativo de La Guajira, el Consejo Superior de la Judicatura lo destituyó e inhabilitó por cinco años para ejercicios de cargos públicos por no haberse declarado impedido en un trámite de tutela que buscaba cambios en la alcaldía de San Juan del Cesar. No obstante la Corte Constitucional revocó la destitución en septiembre de 2006.
Desde ese entonces, Armenta asumió como Magistrado de la sección Segunda del Tribunal de Cundinamarca, que es el cargo que ocupa en la actualidad.
No obstante, tras la decisión que tomó el Magistrado, el Consejo Superior de la Judicatura, manifestó que se estudiará si se inicia o no una investigación contra él.