Por Pepe Morón Reales
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El mundo político nacional, se estremeció esta semana por el estallido de un conflicto entre el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y el presidente de la Federación de Ganaderos Fedegán, José Félix Lafaurie.
La primera piedra la lanzó el Ministro, con serios cuestionamientos que van desde los gastos de transporte y viáticos hasta una supuesta asignación e salarios a María Fernanda Cabal, esposa del presidente de Fedegán.
Por medio de un comunicado emitido después de las acusaciones recibidas por parte del Ministro de Agricultura, el Presidente de Fedegan José Félix Lafaurie dijo que además de un show mediático, estas declaraciones no son más que un acto de clara violación del debido proceso.
En ese sentido, Lafaurie afirmó que el documento que el Ministro entregó a los periodistas fue recibido por Fedegán a las 10 y 30 de la mañana, después de terminada su rueda de prensa.
En el mismo, el funcionario de Fedegán confirmó que como se puede constatar en la carta remisoria, el documento corresponde a un Informe Preeliminar de la empresa BDO, el cual se solicitó con derecho de petición en enero y recurso por el que fue necesario mandar un recurso de insistencia en el mes de marzo, lo curioso según el Presidente de la Federación de Ganaderos, es que solo hasta hoy lo recibieron y solo después de hacerlo público ante los medios de comunicación.
Sumado a eso, lo que realmente preocupa y le parece grave a Fedegán y su director es que dicho informe, como dice expresamente la carta remisoria, es entregado al auditado para que se surta la etapa de aclaraciones y comentarios, después de la cual se procederá a entregar la versión final.
Siendo así, no parecería posible hacer las acusaciones que el ministro hizo, a partir de un informe preeliminar ya que viola el derecho a presunción de inocencia consagrado en la Constitución.
En la misiva el Presidente del Fondo añade que si es cierto, como el ministro anunció a los periodistas, que también dio traslado de dicho informe a la Contraloría General de la República, se configura igualmente una violación al debido Proceso y a los derechos de Fedegán a la legítima defensa.
Para Lafaurie es importante entender que el Ministro tendrá que responder por ello ante la Procuraduría General de la Nación y demás instancias competentes, a quienes les están dando traslado para lo de su competencia.
La vacuna antiaftosa
Punto por punto el presidente de Fedegán defendió sus políticas de trabajo y aclaró los dichos del Ministro. Uno de los temas que más preocupa a la economía y al sector político es el de la Fiebre Aftosa. En este aspecto, Lafaurie dice que el ministro esta desinformado y agrega:
- La decisión de trasladar la administración de la vacuna a FEDEGÁN fue una exigencia del Ministerio de Agricultura, que fue aprobada por la Junta Directiva del FNG.
- La distribución de la vacuna es una operación privada y legítima, y las acusaciones de la auditoría y del ministro configuran una intromisión indebida.
- Efectivamente hay un diferencial entre el precio de compra y el que paga el ganadero, pero es totalmente falso que es “internalizado” por Fedegán, como afirma el ministro.
- La cifra presentada por el ministro tampoco es cierta, y la empresa auditora tendrá que informar de dónde la sacó
Por último Fedegán rechazó las acusaciones de falta de transparencia y opacidad en la gestión del gremio ganadero, que es conocida por el Ministerio de Agricultura a partir de la presidencia exclusiva de la Junta Directiva del FNG, de los informes semestrales de gestión que le son presentados y de la capacidad que tiene, en todo momento, de solicitar cualquier información, en virtud de su condición interventora en el contrato con Fedegán.
Parafraseando al ministro, José Félix Lafaurie incluye en el comunicado algunas de las aclaraciones a los resultados del informe y a las acusaciones prematuras del ministro, las cuales obedecen, según el Presidente a una clara persecución que el funcionario ha emprendido no solo contra Fedegan, sino contra toda la institucionalidad agropecuaria que no comparte sus decisiones y su gestión frente a la política pública agropecuaria del país.