El 28 de septiembre de 1997, en la vereda Tierra Nueva del corregimiento de Mariangola en jurisdicción de Valledupar, nunca habían visto tantos hombres armados, ni siquiera del Ejército Nacional y mucho menos de la Policía como encargados de la seguridad de esa zona del norte del departamento de Cesar. Los pobladores que vivieron ese momento aseguran que eran alrededor de cien, vestidos de camuflado y armados hasta los dientes.
Se trababa de paramilitares que a las 7:00 de la mañana llegaron a la finca La Gloria, allí estuvieron como hasta las 4:00 de la tarde. Paradójicamente, nadie escuchó un disparó en todo el día. Recogieron todo el ganado, 84 vacas, siete toros, seis mulas, dos yeguas, un burro y las gallinas que quedaron de las 20 que mandaron a cocinar a la señora de la finca, la esposa del ganadero Pablo Luis Salazar Marín.
En medio de la incertidumbre, la cocinera observaba a sus inesperados comensales, contando los segundos para que se fueran pronto y no le hicieran nada a ella, a su esposo y a alguno de sus dos hijos.
Sin embargo, en el momento que los mercenarios partieron además de robarse los animales, robaron la tranquilidad de esa mujer al darse cuenta que también se llevaban a su esposo, amarrado con las manos en la espalda, con un trato muy similar al que le dieron a las bestias del corral.
Nadie en el pueblo sabía que había pasado con el señor Salazar, aunque hay quienes aseguran que inescrupulosos llamaron a la familia del ganadero a pedir dinero asegurando que se trataba de un secuestro.
Transcurrieron cinco días, el 3 de octubre de 1997, terminó la búsqueda con el hallazgo de los restos desmembrados del ganadero en el sitio conocido como Torito Pintao. Como se trataba de alguien reconocido, con más de 15 años viviendo en el pueblo, muchos llegaron a comprobar que se trataba de él y lo reconocieron al ver la cabeza desprendida del resto del cuerpo.
“A él lo mataron en la sabana, hasta después que lo habían matado llamaban a la familia a pedirles plata para el rescate”, recordó Shelman Palomo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Tierra Nueva, en los periodos comprendidos entre los 1995-1999 y entre 2004-2008.
¿Por qué lo mataron? Se preguntaban todos en Tierra Nueva. Solo se supo en ese entonces que el ganadero había sido víctima de extorsiones pero se negó a pagar y prefirió durante un tiempo no salir de la finca porque pensaba que era delincuencia común.
Dieciocho años después la respuesta la ha dado el exparamilitar Luis Carlos Ávila Teherán, conocido con los alias de ‘Gustavo’, ‘Barranquilla’ o ‘El Chueco’, quien hacia parte del grupo paramilitar que perpetró esa incursión armada y quien ha sido condenado por varios desplazamientos forzados en la zona rural de Valledupar.
“Se le dio de baja porque un exguerrillero conocido como Manito de Ñeque lo señaló como auxiliador del frente seis de diciembre del ELN, pero después se supo que esa información había sido falsa y que el señor era muy servicial en la zona. Ojalá que la Fiscalía ponga interés en capturarlo por señalar al señor como guerrillero sin serlo”, dijo Ávila Teherán el pasado 27 de febrero en interrogatorio rendido ante la Fiscalía 44 Especializada de Valledupar.
Los exintegrantes de las autodefensas que participaron en la incursión a Tierra Nueva aseguran que ‘Manito de Ñeque’ también conocido como ‘Pirulo’ está libre, pero las autoridades no cuentan con registros que permitan su individualización y plena identificación.
La investigación por la muerte de Pablo Luis Salazar Marín llegó a etapa preliminar con imputado en averiguación y la última actuación conocida de la Fiscalía en el proceso fue la suspensión de la investigación preliminar desde el 9 de noviembre de 2000.
El proceso que si sigue vivo es el desplazamiento forzado de la familia Salazar, caso porque el que fue condenado a 42 meses de prisión Luis Carlos Ávila Teherán en sentencia emitida el pasado 5 de noviembre por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar.
Vinculan a ‘Jorge 40’
En la misma investigación, el 10 de abril de 2015, la Fiscalía ordenó vincular a este proceso de desplazamiento forzado a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, recluido en la prisión de Northern Neck Regional de Virginia en Los Estados Unidos, donde el pasado seis de noviembre fue condenado a 16 años y seis meses de cárcel y al pago de una multa de 25.000 dólares por el delito de narcotráfico.
El fallo condenatorio contra Tovar Pupo fue emitido por una corte del Distrito de Columbia y fue anunciado por el juez Reggie Walton.
Los abogados del exjefe paramilitar quisieron llegar a acuerdos para que la condena fuera menor, pero para esto ‘Jorge 40’ debía reconocer actividades de narcotráfico, revelar quiénes fueron sus socios y cuáles eran las rutas utilizadas, algo que siempre se negó a hacer.
Al conocerse el fallo condenatorio se reconoció que, aunque no es un narcotraficante, si se benefició de esta actividad.
La Fiscalía había pedido 30 años de cárcel para “Jorge 40”, pero el juez Walton decidió una pena menor tras responsabilizar al acusado de cobrar “impuestos de guerra” a los que fabricaban cocaína en la zona del norte de Colombia que controlaban los paramilitares.
Sin embargo, el excomandante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, solo permanecerá en prisión cinco años porque el magistrado determinó que se tendrá en cuenta el tiempo que ya ha permanecido encarcelado en Colombia y Estados Unidos. ‘Jorge 40’ fue extraditado a Estados Unidos en Mayo de 2008.
Aunque para el caso de desplazamiento en Tierra Nueva, Cesar, la Fiscalía General de la Nación exhortó a las autoridades competentes a realizar los trámites pertinentes para coordinar con las autoridades norteamericanas la diligencia de indagatoria a Tovar Pupo, hay dudas sobre la realización de esta diligencia porque a raíz del asesinato de su hermano Sergio Tovar Pupo, el 24 de diciembre de 2009, la Fiscalía asegura que ‘Jorge 40’ no ha vuelto a colaborar con la justicia colombiana.
Antes de quedar en manos de la justicia norteamericana Rodrigo Tovar Pupo rindió versión libre el 3 de julio de 2007, en la que ratificó su voluntad de continuar en el proceso de Justicia y Paz, logrando adelantarse varias sesiones. La Fiscalía tomó los hechos registrados desde el año 1998, época en que ‘40’ asumió la comandancia del bloque norte de las AUC hasta el momento de la desmovilización, atribuyéndole a ese bloque cinco mil crímenes en 20.855 hechos, que al restarle los 99 hechos que se lograron tratar con el postulado en las versiones libres en que participó, da un total de 20.756 hechos pendientes.
Por la renuencia a colaborar, el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Barranquilla expulsó a Rodrigo Tovar Pupo de la ley de Justicia y Paz, por lo que se estima que una vez cumpla su condena en Estados Unidos sea juzgado por crímenes en lo que participó directamente y otros por línea de mando como en el caso de la vereda Tierra Nueva.
“Se le dio de baja porque un exguerrillero conocido como ‘Manito de Ñeque’ lo señaló como auxiliador del frente seis de diciembre del ELN, pero después se supo que esa información había sido falsa y que el señor era muy servicial en la zona. Ojalá que la Fiscalía ponga interés en capturarlo por señalar al señor como guerrillero sin serlo”: Luis Ávila Teherán, exparamilitar.
El 10 de abril de 2015, la Fiscalía ordenó vincular a este proceso de desplazamiento forzado a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, recluido en la prisión de Northern Neck Regional de Virginia en Los Estados Unidos, donde el pasado 6 de noviembre fue condenado a 16 años y 6 meses de cárcel por narcotráfico.
Por Redacción Judicial / EL PILÓN