A raíz de un Acuerdo de Solución Amistosa suscrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado colombiano desarrollará un acto de desagravio por su responsabilidad por la muerte de Juan Simón Cantillo Raigoza y de Keila Sandrith Cantillo Vides, asesinados en el municipio de Agustín Codazzi.
El evento se desarrollará de manera virtual este lunes 11 de octubre a las 10:00 de la mañana mediante el canal de YouTube de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. En el evento el Estado entregará hasta 75 recordatorios a los familiares de las víctimas y reconocerá la violación a los derechos de la vida, integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño y a la protección judicial, entre otros.
Así lo acordaron las partes el anterior 23 de febrero en la ciudad de Bogotá D.C. en una reunión que sostuvieron la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los representantes de las víctimas luego de una reunión sostenida el pasado 19 de febrero cuando decidieron suscribir un Acta de Entendimiento para dar inicio a la búsqueda de la solución amistosa.
De igual modo, implementarán otras medidas de reparación como la atención médica, psicológica y psicosocial a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI) y dar inicio al trámite de la Ley 288 de 1996 con el propósito de reparar los perjuicios ocasionados a los familiares de los fallecidos como consecuencia de las afectaciones generadas por lo sucedido.
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Además, la Fiscalía continuará la investigación para la identificación de los responsables de los homicidios.
LOS ASESINATOS
Juan Simón Cantillo Raigoza y su hija Keyla Sandrith Cantillo Vides, de 6 años de edad, fueron asesinados el 8 de abril de 2002 por integrantes de las AUC en el barrio Hernán Gómez de Agustín Codazzi.
Todo sucedió aproximadamente a las 9:30 de la noche en el inmueble de las víctimas, a donde llegaron dos paramilitares fuertemente armados y encapuchados.
Según la investigación, los sujetos ingresaron violentamente al domicilio de Cantillo donde se encontraba durmiendo con su hija Keyla y realizaron múltiples disparos en su contra. No obstante, al contactar que Cantillo seguía con vida, procedieron a propiciarle alrededor de 18 machetazos, mientras que la niña quedó gravemente herida.
“La familia fue encerrada, trabaron las puertas por fuera, rompieron sus bicicletas y les dijeron que si intentaban salir los matarían. Refiere que tan pronto lograron huir trasladaron a Keyla al Hospital Rosario Pumarejo de López, dónde falleció el 12 de abril de 2002”, contó la Fundación Mínimo Vital.
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El cuerpo sin vida de Cantillo fue inspeccionado solamente hasta la mañana siguiente. A raíz de lo sucedido y por temor a ser asesinados debido a las amenazas sufridas, la madre de Keyla, se vio forzada a desplazarse junto con sus 3 hijos hacia las afueras de la ciudad de Santa Marta, Magdalena.
Pero no conforme con esto, el 8 de abril del mismo año asesinaron a otros tres campesinos de la zona.
Por eso acudieron ante la jurisdicción del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos CIDH con sede en la ciudad de Washington D.C. por intermedio de la Fundación Mínimo Vital, ante la ausencia de las medidas de protección del Estado.
“Presentada y debatida la petición con el Estado colombiano llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para que en fallo reciente presentara informe de admisibilidad N° 89/18 del 27 de Julio de 2018 ante la Organización de los Estados Americanos OEA”, puntualizó la fundación.