El diario español El País obtuvo acceso a documentos que señalan que el comandante del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez, estuvo al mando de una brigada acusada por la Fiscalía de realizar alrededor de 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Según los documentos a los que tuvo acceso ese diario, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del exfiscal general Eduardo Montealegre (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
La nota fue publicada en el marco de la discusión del Congreso de Colombia para el ascenso del comandante del Ejército nacional.
¿CUÁLES Y CUÁNDO FUERON LOS CASOS?
Al diario español llegaron casos de los falsos positivos ya juzgados “que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada en el Cesar y La Guajira, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas”.
Los casos fueron reportados en el 2005. El primero es una masacre a indígenas ocurrida el 21 de febrero de ese año. “Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios”, señala el medio.
Luego, en el mes de mayo, señala el informe, dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, llamada Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Un falso positivo.
“Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables”, señala el medio. Ambos militares ya estaban fuera del Ejército.
A los dos días, casi 30 militares del batallón de La Popa, según los documentos a los que accedió el diario español, “participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental”. Los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Producto de esa investigación, siete soldados fueron condenados a 40 años. “Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz”.
Asimismo, se señala que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos “para obtener información que arrojó excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros”.
INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA
El 27 de mayo la Procuraduría General de la Nación abrió indagación al comandante del Ejército Nacional, general Nicacio Martínez Espinel, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones.
Según el comunicado, el órgano de control busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.