El 2022 se convierte en el año con el mayor número de homicidios a lideresas, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos de los últimos cuatro años en el país, según anunció la Defensoría del Pueblo.
Son 199 casos confirmados de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos asesinados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año en mención, la cifra más alta registrada por la entidad desde 2016, fecha en el que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo inició el registro sistemático de esta conducta vulneratoria.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, detalló que esta cifra es “superior” a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021. “Este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia”, dijo Camargo.
Los departamentos que reportan el mayor número de asesinatos fueron: Nariño, con 33 casos, le siguen Cauca con 25, Putumayo 20, Antioquia 20, Arauca 12, Valle del Cauca 11, Bolívar 9, Santander 9, Chocó 7, Tolima 7, Caquetá 6, Cesar 4, Santander 4, Meta 4 homicidios, La Guajira 3, Sucre 3, Córdoba 3, Huila 3, San Andrés, Magdalena, Boyacá, Risaralda y Bogotá, con dos casos respectivamente. Así mismo, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Guaviare y Amazonas reportaron un caso cada uno.
El mapa elaborado por el SAT de la Defensoría del Pueblo también reveló que los líderes comunales fueron las mayores víctimas con 62 casos, seguido de los líderes indígenas con 44 casos y los líderes comunitarios 33 casos. Además, los meses de marzo, mayo y octubre fueron los de mayor número de homicidios.
Carlos Camargo resaltó que ha insistido a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas como de personas defensoras de los derechos humanos.
“En las regiones ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de los habitantes, ya que sus acciones fortalecen la democracia, por lo tanto, consideramos que el Gobierno nacional, las instituciones del Estado y los mandatarios locales deben atender los escenarios de riesgo advertidos y las recomendaciones que hemos hecho en las alertas tempranas para detener estos crímenes”, puntualizó el defensor del Pueblo.