Denuncia abogada
Durante el paro judicial de cinco semanas el Palacio de Justicia de Valledupar estuvo cerrado al público, pero no para los fiscales que si tuvieron acceso a varios servicios judiciales y ahora los defensores públicos y contractuales denuncian que están en desventaja para afrontar los pleitos.
Así lo denunció Marta Padilla, abogada de Johana María Córdoba y Jeison Bello Otero, recluidos en la Cárcel del Distrito Judicial de Valledupar, como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
La pareja capturada desde el pasado 31 de agosto, solicitó libertad por vencimiento de términos, pero ayer un juez de control de garantías les negó la solicitud porque la Fiscalía ya había presentado el escrito de acusación en su contra.
“La juez señala que el centro de servicios durante el tiempo del paro, comprendido entre el 12 de octubre y 27 de noviembre estuvo cerrado, el Palacio de Justicia y cuando nosotros vamos a hacer inspección al libro radicador de audiencias encontramos que en este tiempo hay radicados escritos de acusación. Es decir hubo servicio para los fiscales pero no había acceso a la defensa ni mucho menos a las personas privadas de la libertad”, denunció Marta Padilla.
Aclaró la jurista que por lo anterior hubo una desigualdad y se vulnera el debido proceso y los principios de legalidad.
Otro caso
Tobías Enrique Guerra Torres, también recluido en la Cárcel de Valledupar como presunto responsable del delito de porte ilegal de armas y hurto calificado agravado, solicitó libertad por vencimiento de términos ya que han transcurrido más de 120 días desde su captura y la imputación de cargos y la Fiscalía no presentó el escrito de acusación.
Al cierre de esta edición, en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Valledupar, un juez de control de garantías definía si otorgaba la libertad al sindicado o si por el contrario lo mantenía con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.