El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, radicó ante el Congreso de la República su primer paquete de proyectos. Se trata de varias iniciativas que ya están incluidas en la Consulta Anticorrupción que se votará el próximo 26 de agosto.
Entre ellas de encuentra un acto legislativo para limitar a tres los periodos de los miembros en los cuerpos colegiados; exigir pliegos tipo en la contratación, levantar la reserva sobre la declaración de renta de los congresistas y uno para que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles.
Esto se encuentra incluido en las preguntas dos, tres, seis y siete de la Consulta Anticorrupción, lo cual generó polémica en la oposición.
Tanto que el excandidato presidencial, Gustavo Petro, aseguró que Duque hizo “trizas” la consulta y criticó fuertemente al presidente por su decisión de llevar su intención de lucha contra la corrupción al legislativo y no hacerlo a través de la Consulta Anticorrupción, que ya está convocada.
Las reglas que deberán seguir los funcionarios públicos
La Procuraduría General de la Nación complementó la directiva que expidió el pasado 26 de abril donde emitió las instrucciones que deben seguir los servidores públicos frente a las jornadas electorales de este año, y le adicionó siete puntos que deberán ser respetados en el marco de la Consulta Popular Anticorrupción programada para el próximo domingo 26 de agosto.
De acuerdo con la directiva, los funcionarios que no pertenecen a la Rama Judicial y que deseen hacer campaña, les está permitido debatir, deliberar y expresar sus opiniones frente al mecanismo , “siempre y cuando no afecte la adecuada prestación de la función pública”.
Esta norma también aplica para empleados que se desempeñan en órganos electorales y de control, de seguridad y Fuerza Pública.
También deberán tener en cuenta que les está permitido realizar campaña a favor o en contra, pero no podrán utilizar bienes del Estado ni recursos públicos durante el periodo de campaña, votaciones y escrutinio. Y tampoco, suspender sus funciones ni utilizar su jornada laboral para participar la campaña.
Mientras que los ordenadores de gasto público no podrán autorizar partidas presupuestales con destino a las campañas o para actividades que realicen los funcionarios públicos en apoyo a una de las opciones de la Consulta.