Este lunes, Luis José Rodríguez Torres y Lorena Hernández Dangond asumen sus cargos como secretario de Educación y secretaria general de la Gobernación del Cesar, respectivamente, tras la salida de Jorge Araújo y Jaime Luis Fuentes, luego de que estos se vieran involucrados en un proceso de la Contraloría por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 2015.
Según la Contraloría, varios fueron los hallazgos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el 2015 cuando Araújo y Fuentes fungían como secretarios de las mismas carteras de las que se les retira hoy.
Entre otras, a Jaime Luis Fuentes se le señala de no haber desplegado una adecuada planificación y omitir la estructuración y puesta en marcha del proyecto que no estuvo acorde con los principios de planeación, eficiencia y economía, contribuyendo en la generación del detrimento patrimonial de manera directa y a título de culpa grave, beneficiando sin justa causa al consorcio contratista.
Además, según la Contraloría, los “errores involuntarios” o “errores de digitación” justificados por Fuentes en los estudios previos y pliegos de condiciones, redundaron en beneficio injustificado del contratista y ésto se hubieran podido evitar de haber sido cuidadoso en su planificación, siempre y cuando se hubiera atendido lo estipulado en la Ordenanza No. 066 de 2012, si se tiene presente que los valores para las mismas raciones están por encima de los tasados por el Ministerio de Educación Nacional.
Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez, quien ejerció el cargo de secretario de Educación del departamento del Cesar desde el día 12 de noviembre de 2013, elaboró y suscribió los estudios del sector y los estudios previos del proceso licitatorio que finalizó con el contrato No. 2015 — 02 – 0041, incluyendo en ellos el reconocimiento de un porcentaje que incrementó el valor de la ración en un 4.4 % por concepto de IPC.
De manera simultánea con un porcentaje de imprevistos del 5 % que comprende situaciones aleatorias que afectan el equilibrio contractual, aunado que en la planeación y propuesta se tuvieron en cuenta los precios SIPSA vigentes para la época, y además, se reconoció un porcentaje adicional destinado al pago de estampillas, por encima del porcentaje legalmente establecido.
Cita la Colegiada el literal a) del Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 e indica que hubo una deficiente gestión fiscal desde la etapa precontractual, máxime teniendo en cuenta que el objeto del contrato nacía de su sectorial, educación, más los lineamientos en el manejo del PAE, toda vez que los pliegos de condiciones fueron elaborados con serios errores y contradicciones, como el cómputo simultáneo de IPC e imprevistos y el 1 % adicional de estampillas, lo cual afectó la integridad patrimonial de la entidad contratante, desconociendo que el Ministerio de Educación Nacional manejaba precios más económicos para ejecutar el mismo programa, incluso con los mismos operadores — BALA hoy ACSI, y Corazón País -, en circunstancias similares de tiempo (2014) y lugar.
También observa el operador administrativo que dicho secretario de Educación evaluó la propuesta del consorcio proponente donde obtuvo una calificación de 960 puntos, y la propuesta económica en particular de 300, esto es el máximo asignado en los pliegos, sin valoración alguna al respecto en razón a que existía un único proponente.
Todo esto llevó a la Contraloría a sancionar fiscalmente a ambos funcionarios, y al consorcio contratista, lo que redundó en la salida de Jorge Araújo y Jaime Luis Fuentes, ocasionándoles también anotación disciplinaria en los antecedentes de la Procuraduría lo que les produjo la inhabilidad que hoy recae sobre ellos.