A través de un oficio conocido por este medio de comunicación y dirigido a la directora de Fiscalías Seccional Cesar, Lucila Mercedes Vidal, un miembro de la comunidad del barrio San Antonio del municipio de Manaure mostró su preocupación por las intimidaciones de las que presuntamente están siendo víctimas en la zona por parte de unos invasores localizados en un predio cercano.
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Se trata de un terreno conocido como el Caño, de propiedad privada de la Asociación Centro Provivienda N°1 que fue invadido en el año 2018 por varias personas, de las cuales algunas de ellas han tenido inconvenientes con los residentes de San Antonio.
Julio Alberto Bolaño comunicó que son amenazados por el líder de la invasión, indicando que el sujeto le ha manifestado que si lo sacan del terreno o pierde el pleito lo matan y le queman su vivienda.
“No podemos sentarnos en la puerta de la casa porque enseguida nos están amenazando los invasores, sobre todo de ese señor, dice: ‘dónde están los sapos esos que no aguantan ni cinco tiros’”, manifestó Julio Alberto Bolaño.
Explicó, además, que han instaurado varias denuncias por los delitos de amenaza, lesiones personales, perturbación a la propiedad privada, entre otros, pero hasta ahora no han prosperado.
“Hace cinco días coloqué otra demanda porque se está pasando; hizo tiros cerca de la casa y a otro señor lo tiene amenazado. La Policía llega cada tres días para la vigilancia y estar seguros”, acotó Bolaño.
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Razón a ello instauró el derecho de petición a la Fiscalía preguntando porqué la Fiscalía 29 Local de la Paz, que estaría a cargo del caso, “no investiga ni acusa al denunciado”.
Otro habitante, que prefirió reserva de identidad, dijo a EL PILÓN que la población está afectada también por las conexiones ilegales de algunos servicios básicos.
LA ALCALDÍA
La secretaria de Gobierno de Manaure, Rosalba Santodomingo, manifestó que la administración municipal está trabajando por darle solución a la comunidad y garantizar el derecho a la vivienda a los invasores.
“Hay un fallo de tutela, mediante el cual ordena a los habitantes del sector a que no realice alguna construcción. Igualmente en conjunto de la Fuerza Pública y la Alcaldía Municipal se desarrollan mesas técnicas de trabajo”, dijo la funcionaria.
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Añadió que el principal inconveniente es que en un desalojo tocaría reubicarlos y en este momento el municipio no cuenta con un predio específico para eso.
“Para garantizar el derecho a la vivienda se está tratando de legalizar el predio en conjunto con la Asociación Centro Provivienda que tiene la titularidad, pero de todas maneras el predio está en una zona de alto riesgo”, puntualizó.
Finalmente aclaró que desconocía los inconvenientes de amenazas.