Ante la Procuraduría Provincial de Valledupar fue interpuesta una queja disciplinaria en contra de la alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, y el Concejo Municipal por presuntamente extralimitarse en sus funciones al modificar un proyecto de acuerdo que autoriza el cobro de una estampilla que recae en la contratación, por orden de la ley 1279.
Según Sergio Santana Mieles, exconcejal del municipio de La Paz, la mandataria propuso ante el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo N° 003 del 21 de febrero de 2017, que modifica el parágrafo del artículo 202 del acuerdo municipal N° 017 de 2016, por el cual se expide el nuevo estatuto tributario.
“Con esa modificación está dejando exceptos de pago del impuesto de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, los contratos de prestación de servicio o actos grabados dentro de la cuarta, quinta o sexta categoría, en los que se incluye los contratos de la Personería y el Concejo, con lo que están vulnerando la ley”, dijo el denunciante.
De esta manera, la exposición de motivos por parte de la alcaldesa ante el Concejo Municipal, caería en falsa motivación, cuando de manera explícita delibera que se hace en cumplimiento de mandatos constitucionales.
“Tanto la alcaldesa como los concejales están inmersos en falta gravísima a título de dolo y por tanto acreedores de la sanción disciplinaria correspondiente. Por eso se pide se inicie pliego de cargos y se sancione por extralimitarse en sus funciones”, expresó Santana.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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