Ante el Tribunal Administrativo del Cesar demandaron la elección del contralor departamental en la que resultó designado el abogado Juan Francisco Villazón Tafur para el periodo 2022-2025.
La acción fue instaurada por el abogado Arturo Robles Cubillos, en representación de los intereses del docente Edgardo Alonso Santiago Arrieta, quien obtuvo el mejor puntaje en el proceso de evaluación que realizó la Universidad de la Costa a los concursantes para el puesto.
“La Asamblea Departamental del Cesar desconoció las normas que existen sobre el mérito y le dieron el nombre de convocatoria pública cuando en realidad lo que adelantaron fue un concurso de mérito, por lo que por orden legal y constitucional hay que darle prevalencia al mérito”, manifestó Robles Cubillos.
En consecuencia, consideró que hubo violación al artículo 126 de la Constitución Política en la que se establecen los principios de transparencia, en concordancia con el artículo 13 por “vulneración a los principios de la función pública y al debido proceso”.
Junto a Edgardo Santiago se encontraban en la terna Yomaira Bohórquez Araújo, jefe de la Oficina de Control Interno en la Contraloría Cesar, y Juan Francisco Villazón Tafur, exalcalde de Pueblo Bello, cuestionado por su abierta simpatía y cercanía con el gobernador (r) Luis Alberto Monsalvo.
Este último fue el que más apoyo obtuvo en la sesión extraordinaria de la duma departamental realizada el 20 de diciembre de 2021, con 7 votos a favor, mientras que Santiago Arrieta solo tuvo dos por parte de los diputados Claudia Zuleta y Ricardo Quintero.
Sin embargo, el proceso de elección podría ser ‘tumbado’ si prospera la acción de nulidad planteada por la defensa de Edgardo Santiago, porque en años anteriores laboró en la Contraloría del Cesar como contralor auxiliar y en la Gobernación como asesor en la Oficina de despacho durante los años 2009 y 2011.
EL PILÓN conoció que la encargada de resolver la petición en primera instancia será la magistrada Doris Pinzón Amado.