Durante los ocho meses del año que va en curso, la Defensoría del Pueblo advirtió que en el país han cometido 136 homicidios en contra de líderes sociales, que reflejan un aumento de 27 casos en comparación a la anualidad anterior.
Los departamentos con mayores índices de crímenes en contra de defensores de derechos humanos son Cauca con 19, Nariño con 21 y Antioquia con 15.
Los demás casos se concentran en Putumayo con 12 asesinatos, Arauca con 9, Valle del Cauca con 9, Bolívar con 8, Tolima con 6, Caquetá con 5, Norte de Santander con 4, Cesar con 4, Chocó con 3, Meta con 3, Sucre con 2, San Andrés con 2, La Guajira con 2, Santander con 2, Risaralda con 2, y Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Córdoba, Magdalena y Bogotá con un caso cada uno.
La población más afectada son los líderes comunales con 38 casos, seguido por los líderes indígenas con 31, los comunitarios con 25 y campesinos o agrarios con 11, entre otros.
Las víctimas en el departamento del Cesar son Emiro Vega García, presidente de la Junta de Acción Comunal de Río de Oro; José Luis Quiñónez Villafañe, reclamante de tierra en Tamalameque; Teófilo Acuña y Jorge Tafur, miembros del movimiento Coordinador Nacional Agrario.
“El 81% de los municipios donde viene ocurriendo toda esta situación de vulneración de los derechos humanos han sido advertidos a través de nuestras alertas tempranas. Entonces, es importante que nosotros como Defensoría del Pueblo estamos en el continuo análisis, pero con un monitoreo de cómo evoluciona”, manifestó el defensor del pueblo Carlos Camargo, en una visita a EL PILÓN.
Agregó que es importante fortalecer las medidas colectivas e individuales de las personas que tienen liderazgo.
“Estos liderazgos son de aquellas personas que tienen un papel preponderante, un papel especial en sus distintas comunidades y por eso nosotros como Defensoría del Pueblo lo que tenemos es que propender a lograr estrechar esos lazos para proteger y brindar todas las garantías de seguridad”, agregó Camargo.