Para las 9:30 de la mañana del próximo 18 de agosto quedó la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sobre si impone una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por las presuntas irregularidades en el PAE durante su primer periodo administrativo en el Cesar en el año 2015.
Así quedó establecido la noche del miércoles al terminar la intervención de los sujetos procesales en la audiencia de medida de aseguramiento.
Durante la diligencia, el procurador penal José Fernando Ortega Cortez apoyó la solicitud de la Fiscalía sobre la necesidad de privar de la libertad al mandatario.
“Con los elementos materiales probatorios que tuvo a bien descubrir la Fiscalía queda demostrado en este asunto la calidad del sujeto activo calificado del doctor Monsalvo Gnecco y su actuación como coautor fáctico de los hechos que se encuentran descritos”, consideró Ortega Cortez.
Añadió que concuerda en que estos procesos también deben llevar un mensaje a la comunidad sobre que los delitos que afectan a la administración pública afectan las condiciones de vida de los ciudadanos.
“La Procuraduría coincide con la Fiscalía en que al hacer el ejercicio de ponderación entre la libertad y los bienes jurídicos protegidos es admisible y procedente imponer esa medida de aseguramiento, en el que se obliga a que el sistema se proteja”, acotó Ortega.
Contrario a lo expuesto, el abogado defensor, Iván Cancino, fue insistente en indicar que se debía rechazar las pretensiones de la Fiscalía y el Ministerio Público. El jurista precisó que parte de lo alegado por el representante del ente acusador y que conoció la Contraloría no era responsabilidad del gobernador.
“La Contraloría encontró que no existía conducta reprochable o a título de dolo, culpa grave en contra del gobernador de Luis Monsalvo y fue confirmado en decisión del 18 de diciembre de 2019, con esto quiero decirle que si hay alguna irregularidad la Fiscalía no lo probó ni la vinculó con el deber del gobernador”, aseveró Cancino.
Así las cosas, el magistrado deberá analizar si el mandatario deberá estar detenido en su lugar de residencia con base a los elementos materiales probatorios presentados.
Curiosamente en la audiencia, retransmitida por Radio Guatapurí, la Fiscalía Once Delegada ante el tribunal indicó que su asistente, Lina Mosquera, había recibido amenazas de muerte referente a este proceso, las cuales, serían denunciadas.