A casi dos años de haber iniciado el proceso penal, el gobernador del Cesar (r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco, acusado de presunta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, ya está a la espera de un sentido de fallo que determine si será condenado o absuelto. Este jueves culminó el debate probatorio en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En los alegatos de conclusión, el fiscal 11 delegado ante la Corte, Julio Ospino, pidió que el mandatario fuera condenado por su inminente violación a la ley y falta de planeación para ejecutar el PAE en su primer periodo de administrativo departamental en el año 2015.
Explicó, además, que sus pruebas habrían demostrado la falta de planeación previa al contrato que no solo afectó la estructura contractual, sino que también condujo a la violación de los principios de economía, responsabilidad y legalidad que rigen a la contratación pública.
“Se muestra el desdén, la carencia de una adecuada planeación de acuerdo a la norma, la lógica y el sentido común. La información del 2014 que se dice que fue tenida en cuenta para los estudios previos por parte de estas personas es distinta a la disponible en el segundo trimestre de 2015”, afirmó el fiscal Julio Ospino.
De igual manera reprochó la manera cómo la administración gubernamental estableció los precios de los alimentos.
“Se advierte fallas protuberantes en la identificación del costo de la materia prima de tal forma que no se puede explicar de dónde surgió el valor aplicado como por ejemplo el de la leche, el pan y el hígado lo que conllevó a que un cúmulo importante de los alimentos excedieran con creces el valor promedio”, puntualizó el representante del ente acusador.
Por ejemplo, el valor del hígado en el presupuesto de la gobernación fue de $65.460,00, mientras que en el boletín del DANE de la época era de $12.115,00, es decir una diferencia de $53.345,00. De igual manera en el precio del guineo verde en el presupuesto de la gobernación estaba en $4.627,00 y el del boletín del DANE el precio estaba en $561,00, es decir una diferencia de $4.066,70.
Además, habría beneficiado a un grupo de personas para que se quedara con el contrato. Así las cosas, la Fiscalía pidió al juez condenar a Luis Alberto Monsalvo por los delitos de peculado a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A esa petición se unió el representante del Ministerio Público en la audiencia que contó con la presencia del gobernador.
LA DEFENSA
El abogado defensor José Luis Barceló Camacho, por su parte, enfatizó que en el programa se tuvieron en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación.
Barceló Camacho afirmó que la Fiscalía muchas irregularidades que había alegado las basó en visiones subjetivas.
“La Fiscalía insiste en que resultó extraño que en los estudios previos se hubiese indicado que se requería aproximadamente 1.748 manipuladoras, pero solamente en el pliego de condiciones se había mencionado que el operador debía ofrecer 350 manipuladoras que cumplieran determinado requisito… La conclusión es muy simple, como ya se había explicado los lineamientos técnicos y con relación a la necesidad, se determinó que los operadores debían contar con el personal necesario durante las distintas etapas de la ejecución del contrato para lo cual dispuso contar con un número de manipuladora que garantizara la calidad en todas las etapas del proceso. Ahora bien, el número de manipuladoras variaba de acuerdo con los múltiples factores”, explicó Barceló Camacho.
Precisó que el mandatario hizo el control adecuado en el marco de la ley y su comportamiento no había sido con dolo, sino que confió en las actividades delegadas.
La última palabra la tendrá la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que en la próxima audiencia se espera que dé el sentido de fallo.