El asesinato de 180 indígenas de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, deberá ser investigado por la Corte Penal Internacional, CPI, en el marco del conflicto armado interno del país.
Así lo indicó un informe publicado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, que concluyó que entre los años 2002 y 2009 las víctimas fueron ultimadas presuntamente por el Ejército Nacional que las hizo pasar por ‘falsos positivos’ y grupos paramilitares.
“Tenemos casos de asesinatos cometidos por los paramilitares que se hicieron con la tolerancia, aquiescencia y, en algunos casos, apoyo de las fuerzas militares que estaban en la zona”, dijo la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes a la agencia EFE.
Dentro de las indagaciones del FIDH determinaron que 134 habrían sido víctimas de grupos paramilitares y 46 del Ejército regular.
La modalidad mediante la cual cometieron más asesinatos era montando retenes en las carreteras donde obligaban a bajar de los vehículos a los civiles para despojarlos de sus documentos de identidad y dispararles con arma de fuego.
Otros eran llevados aparentemente a sitios en los que, sin testigos, fueron ultimados.
“No ha habido justicia por los crímenes cometidos contra las víctimas de origen indígena porque en la mayoría de casos no ha habido ni condena ni investigaciones avanzadas”, puntualizó Reyes.
Las averiguaciones del FIDH se basaron en relatos de las comunidades indígenas, recopilados por la propia ONG, en fuentes abiertas y en autos judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).