A cargo de la Corte Constitucional quedó la solicitud que busca que los policías señalados de actos de corrupción en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Valledupar, sean juzgados por la Justicia Penal Militar.
Así lo decidió el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito con función de Conocimiento de la ciudad, en la audiencia celebrada la mañana del lunes en la que asistieron todas las partes.
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No obstante, el juez Alex Movilla Andrade consideró inicialmente que debido al delito de tortura investigado era competente para conocer del escrito de acusación presentado por la Fiscalía 8 Especializada en contra de los procesados Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Ellelvis Luis Alarcón Riviera, Edwin Calderón Vargas y José Vicente Guerra Márquez, quienes están privados de la libertad en la Cárcel Judicial.
“El otro presunto delito como constreñimiento a la prostitución por su lejanía al servicio inherente de los servidores públicos de los procesados, este juzgado encuentra que es competente para tramitar este escrito de acusación y adelantar la fase de juzgamiento; pero como la solicitud atañe un asunto de competencia por falta de jurisdicción, es el tribunal constitucional que de acuerdo al acto legislativo 02 de 2015 debe dirimir si la competencia está en la justicia ordinaria o militar”, aseveró Movilla Andrade.
El proceso aterrizó a ese despacho luego que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento se declarara incompetente para conocer del caso.
La defensa es la interesada en que el caso quede en manos de la justicia militar, al considerar que los hechos endilgados fueron en el marco del servicio como funcionario público que prestaron los uniformados.
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Así las cosas, ahora los procesados deberán esperar que se desate la petición para darle paso a la audiencia de formulación de acusación y posteriormente a la preparatoria.
Los hechos a debatir sucedieron entre enero y noviembre del 2020. Los uniformados, quienes ejercían funciones de custodios de los internos, presuntamente a cambio de sumas de dinero permitían dentro de la URI comodidades, sexo y fiestas.