Del 20 al 22 de febrero, la Corte Constitucional realizará audiencias e inspecciones judiciales en distintos sectores del departamento de La Guajira. La visita la motivó la tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez Beltrán en contra de varias entidades del Gobierno Nacional y del orden territorial, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la alimentación y al acceso al agua potable de los niños Wayúu.
Mañana lunes 20 de febrero realizarán audiencias e inspecciones judiciales con los magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio, quienes visitarán la zona norte de la Alta Guajira. El recorrido iniciará a las 7:00 de la mañana en Puerto Estrella.
En ese lugar, los Magistrados revisarán el estado de la planta desalinizadora y realizarán una primera audiencia pública con los palabreros de la zona. Así mismo realizarán inspecciones judiciales de las instalaciones del Centro Zonal del ICBF y del Hospital de Nazareth, para posteriormente hacer una audiencia con las autoridades tradicionales de la zona.
El martes 21 el despacho del magistrado Aquiles Arrieta Gómez continuará hacia la comunidad de Zucaramana, cerca de Bahía Portete, y en horas de la tarde, visitará comunidades cercanas al municipio de Manaure. En esta última diligencia se contará con el acompañamiento del Consejo Superior de Palabreros.
La jornada finalizará el miércoles 22 cuando la Corte visite las comunidades cercanas a Riohacha, y realicen una audiencia pública en el Centro Cultural de la capital de La Guajira.
A estas diligencias están citadas todas las entidades demandadas como Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Departamento para la Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento de La Guajira, Municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, así como el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Las pruebas que se recauden durante los tres días harán parte del acervo probatorio del expediente de la Corte Constitucional y estarán a disposición de las partes e intervinientes convocados.
Andreina Bandera / EL PILÓN
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