Al detectar hallazgos con connotación fiscal, disciplinaria o penal de actuales mandatarios u ordenadores de la actividad pública, la Contraloría Departamental del Cesar, en cabeza de Gustavo Aguilar Del Valle, abrió procesos de investigación contra la Alcaldesa de Tamalameque y el Gerente del hospital Rosario Pumarejo de López.
A Olga Rojas Trespalacios, alcaldesa del municipio de Tamalameque, el ente de control le abrió siete procesos de responsabilidad fiscal, por presunto detrimento patrimonial por el orden de los 230 millones de pesos.
“Le practicamos una auditoría especial, en la que se encontró una serie de presuntas irregularidades en el manejo de la cosa política, que son objeto de reserva”, aseveró el contralor Departamental encargado, William Jaimes Torres, ante la incapacidad del titular.
Con respecto al gerente del hospital, Rubén Sierra Rodríguez, la Contraloría evidenció presuntos detrimento de las arcas del hospital por el orden de los 10 millones de pesos. “Este es un alcance inicial, pero en el curso del proceso se realizarán varias pruebas para determinar el valor exacto del detrimento”, explicó Jaimes Torres, recalcando que la entidad antes de actuar de manera represiva ha sido más persuasiva.
Procesos sancionatorios
En cuanto a representantes de entes como Concejos Municipales y Alcaldías, con una connotación menos compleja desde el punto de vista interno, el ente de control adelanta procesos sancionatorios contra:
- Alcaldes de Pailitas, El Paso, Tamalameque, Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, La Paz, Pelaya, Pueblo Bello, San Alberto, Tamalameque y San Diego.
- Concejos de Pailitas, Chimichagua, Chiriguaná, San Martín, Aguachica, Codazzi, Becerril, El Copey, El Paso, La Paz, Manaure, Pelaya y Tamalameque.
- Personerías de El Paso, San Martín, Tamalameque, Becerril, Aguachica, Chimichagua, El Copey, González, Pelaya y Río de Oro.
- Empresas públicas de San Martín, El Paso, Pailitas, Becerril, El Copey, La Gloria, San Alberto, Aguachica y Manaure.
- Hospitales de Tamalameque, Chimichagua, Gamarra, Becerril, Curumaní, Aguachica, El Paso, Manaure, San Alberto, La Paz y Gamarra
- Institutos de Recreación y Deporte de Aguachica y El Copey.
Estas sanciones obedecen a que los representantes legales de los entes no rindieron oportunamente las cuentas a la Contraloría Departamental del Cesar. Según explicaron sus voceros, esto torpedea en cierta medida la misión del ente de control, dado que le es imposible conocer qué está haciendo anticipadamente el ente territorial, y en el momento de programar una auditoría, no se puede planear con antelación qué va a investigar.
“Que actúen o ejerzan sus funciones respetando los procedimientos que demandan las normas del manejo de la cosa pública, en los aspectos presupuestal, contractual, misional, interno y hasta de la participación ciudadana, es el consejo para los funcionarios públicos para evitar esta clase de procesos”: William Jaimes, contralor departamental encargado.
Annelise Barriga Ramírez
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