Una acción de desacato a una tutela, impetrará la Contraloría General de la República en contra del Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, por no hacerle cumplir a la multinacional Drummond la sentencia T154 de 2013.
La Contraloría está tramitando el desacato en contra del Ministerio y Corpocesar que deben velar porque se cumpla la tutela.
Así lo informó en su visita a Valledupar, la contralora Sandra Morelli Rico, quien dijo que la Corte Constitucional ordena atender la salud de una familia que vive en la zona minera, en los predios de explotación concesionados a la Drummond, “y la sentencia es muy clara en el sentido de ordenar que se adopten las medidas técnicas que correspondan a los últimos desarrollos en la materia, para evitar que ellos sean afectados por las partículas de aire que permanentemente llegan a su lugar de habitación y también las aguas; en general el ambiente no continúe estando afectando porque se trata de una familia que además tiene hijos pequeños y en eso la Corte fue muy clara, en plantear: la familia vive allí y vive allí desde antes que se empezaran las explotaciones, es obligación de las autoridades tomar las medidas técnicas porque no va a ser a partir de la explotación minera que la Corte ni el país debe promover los desplazamientos de las personas de los lugares donde originalmente se encontraban”.
Para la Contralora los desarrollos tecnológicos permiten la coexistencia de lo uno y lo otro y es precisamente la orden que ha dado la Corte, por lo que van a verificar que se adopten esas medidas so pena del desacato, “de hecho esa tutela al día de hoy no ha sido cumplida adecuadamente, el entendido de la sentencia por parte de autoridades y la Drummond era la idea de desplazamiento, pero luego de un contacto directo con la Corte, dijeron que no hay reubicación, la familia tiene todo el derecho de quedarse allí y fue el motivo por el cual nosotros vamos a radicar una solicitud de desacato de la orden de la Corte”.
Es así como la Contralora aseguró que se deben poner las barreras físicas naturales y tecnológicas para evitar que se siga afectando el ambiente de esta familia.
La sentencia a la que hace mención la Contralora tiene que ver con una acción de tutela impetrada por Orlando José Morales en julio de 2009, quien adujo que se le vulneraron los derechos a la vida, la salud, la intimidad, al ambiente sano y de los niños, debido a que reside en la fina Los Cerros, en el corregimiento de La Loma, jurisdicción de El Paso, estancia que se encuentra a 300 metros de distancia de la mina de carbón y el polvillo y la explotación de carbón lo afectan a él y a su familia.
Sandra Santiago B.
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