Un detrimento patrimonial estimado en cerca de 300 millones de pesos e irregularidades en la inversión de 10 mil millones de pesos, encontró la Contraloría Departamental del Cesar en la Alcaldía de Becerril, en un concierto de funcionarios, contratistas e interventores para estafar al Estado, según lo afirmó el jefe del ente de control, Walberto Sánchez Blanco.
El funcionario alertó sobre la falta de transparencia en la Alcaldía y otras entidades de Becerril, así como la carencia de mecanismos de participación ciudadana y de defensa de los recursos públicos.
Las anomalías fueron detectadas tras la Auditoría Integral practicada por funcionarios del organismo fiscalizador a la vigencia 2009. Aunque la Contraloría presentó a la Alcaldía el informe de Auditoría para que aclarara los hallazgos, la alcaldesa Yancy Bueno Contreras no desvirtuó ninguno de los hallazgos e irregularidades.
Por su parte, el contralor auxiliar, Edgardo Santiago Arrieta explicó que, “la mayor parte de las irregularidades comprometen el proceso de contratación adelantado durante la vigencia; es decir, el proceso contractual presenta altos índices de deficiencias y riesgo alto de corrupción por sobrecostos, evasión de selección de contratistas por licitaciones públicas, graves deficiencias en las labores de interventoría y por pago de contratos sin haberse ejecutado, lo que puede configurar una estafa al Estado, propiciada por un concierto integrado por contratistas, interventores y funcionarios de la administración municipal”.
Entre las irregularidades se destacan la transferencia de cerca de nueve mil millones de pesos a la Empresa de Servicios Públicos para la ejecución de obras de acueducto, alcantarillado y aseo, con lo que se evadió la obligación de abrir licitación pública. Los recursos fueron transferidos por la alcaldía a la ESP mediante el Convenio interadministrativo No. 012 y los contratos interadministrativos 04 y 06 de 2009.
Conceptuó la Contraloría, que la Empresa de Servicios Públicos no tiene la capacidad operativa, técnica, ni financiera para manejar dichos recursos, ni para efectuarle seguimiento e interventoría a las obras.
Llama la atención que los recursos remitidos en un año por la Alcaldía, vía convenios y contratos interadministrativos, suman el presupuesto de once años de la empresa.
Otras irregularidades
Según la Contraloría, otras irregularidades tienen que ver con sobrecostos en el contrato N° 0028, cuyo objeto fue “Prestación de servicios profesionales para la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2009, elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2010, y elaboración del programa anual mensualizado de caja (PAC), en el municipio de Becerril. La administración nunca justificó el valor pagado por esta labor, cuya cuantía supera lo devengado por un secretario de despacho en 4 meses, sin embargo, fue ejecutado por una sola persona en 20 días.
El municipio suscribió el Convenio No. 010, por 163 millones 500 mil pesos para la “realización de simulacros dirigidos a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Becerril en las pruebas ICFES, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el Municipio”, pero no se encontraron evidencias del cumplimiento de los requisitos de habilitación por parte de quien ejecutó el objeto del convenio, relacionadas con los registros y autorizaciones que se deben acreditar para desarrollar ese tipo de actividades. No se encontraron evidencias de los beneficios percibidos por el municipio con ocasión de la millonaria inversión en el entrenamiento de los estudiantes que presentarían las pruebas de estado en la vigencia 2009; es decir, esa cuantiosa inversión no redundó en ostensibles resultados por parte de los estudiantes de la vigencia 2009.
La Alcaldía pagó 30 millones de pesos para actualizar el manual de contratación y elaborar el de interventoría, pero no lo justificó en estudios previos ni de mercado, por lo que se determinó la presunta existencia de sobrecostos.
El municipio pagó sumas millonarias en la elaboración de manuales de archivo, control interno, correspondencia y almacén que no utilizó, por lo que se invirtieron recursos en actividades infructuosas que no han reportado ningún beneficio a la comunidad.