Como estaba programado, el viernes se llevó a cabo en el municipio de San Martín, Cesar, una audiencia pública de la Cámara de Representantes sobre fracking, liderada por el representante del Cesar, Cristián José Moreno Villamizar.
En esta audiencia que tuvo como fin escuchar a las comunidades que podría verse afectadas con la implementación de esta técnica para explotar hidrocarburos en el sur del departamento, los líderes sociales que han defendido a los pobladores de la zona revelaron los nuevos hallazgos de ilegalidades del proyecto fracking y consecuencias de daños ambientales a cuerpos de agua, al suelo y al ecosistema, advertidos por la Contraloría General de la República.
Esta vez la Contraloría delegada de Minas y Energía, en complemento a lo ya encontrado por la Delegada para el Medio Ambiente, insiste en los hallazgos con incidencia disciplinaria que muestran las persistentes irregularidades e incumplimientos denunciados por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en torno a las actividades del contrato de exploración y producción, E&P Yacimientos No Convencionales, del que son titulares las empresas Conocophillips Colombia Ventures LTD y CNE OIL & GAS S.A.
En esta oportunidad, el ente de control ratifica que “efectivamente no hubo separación entre los efectos y obligaciones de la licencia ambiental inicial y la posterior para yacimientos no convencionales”.
Según el informe revelado, se muestra que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al haber autorizado la reclasificación del Pozo Picoplata 1 ubicado en la vereda Cuatro Bocas de San Martín, no tomó en cuenta la normatividad que impedía realizar en esta primera clase de pozo, actividades distintas al muestreo de la columna estratigráfica. La Contraloría advirtió que se debió entonces tener un nuevo instrumento ambiental “que permita asegurar que las actividades con la reclasificación del pozo no afecten el subsuelo, lo cual solo podría asegurarse con la expedición de una nueva licencia para yacimientos no convencionales” autorización esta que no se ha obtenido por la empresas responsables.
En sus conclusiones la Contraloría señaló, “se evidencia que el contrato adicional se firmó a pesar de la ausencia de normatividad ambiental, incumplimientos contractuales del operador cedente y carencia de la modificación de licencia ambiental para el nuevo proyecto.”
De esta manera la Contraloría, sobre la ausencia de términos de referencia para la explotación y producción de yacimientos no convencionales, recomienda que “la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) debería abstenerse de suscribir contratos para la explotación de yacimientos no convencionales e incentivar junto con las autoridades ambientales la expedición de dicha regulación”.
La Contraloría delegada de Minas y Energía insiste en los hallazgos con incidencia disciplinaria que muestran las persistentes irregularidades e incumplimientos denunciados por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, en torno a las actividades del contrato de exploración y producción, E&P Yacimientos No Convencionales.
Andreina Bandera/ EL PILÓN
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