Los ojos de la Contraloría General de la República estarán sobre las entidades públicas en la época pre-electoral, para verificar que se cumpla la Ley de Garantías y no se infrinjan las prohibiciones que recaen sobre los servidores públicos y particulares que administran bienes de la Nación.
Es así como el ente de control emitió la circular 011 del mes de julio, en la que señala una serie de recomendaciones sobre la gestión fiscal y las prohibiciones vigentes en esta época, con la finalidad de que los recursos y la ejecución presupuestal de las entidades públicas no se utilice para favorecer causas políticas, ajenas al interés general.
La Contraloría ejercerá especial vigilancia sobre los recursos públicos que involucra el desarrollo de las jornadas electorales, para que sean destinados a los fines determinados del ordenamiento jurídico.
El documento fue expedido en desarrollo de las acciones acordadas en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, para mitigar los riesgos del proceso electoral asociados a la gestión fiscal, como la indebida participación en política de los servidores públicos y la financiación fraudulenta de las campañas políticas.
Entre las prohibiciones se encuentran: acosar o presionar a subalternos para que respalden alguna campaña; favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad participan en una campaña política; ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular e indebido a los ciudadanos mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
Infringir estas prohibiciones es considerado como falta gravísima.
También recordó el contralor General, Edgardo Maya la prohibición que hay para contratar con financiadores de campañas.
En ese sentido, las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a gobernaciones o las alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas.
El Contralor invitó a denunciar cualquier anomalía que se presente alrededor de esto, para lo cual se puede hacer a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral –URIEL del Ministerio del Interior, o ante la propia Contraloría.
La Contraloría vigilará a funcionarios durante la etapa electoral.
Sandra Santiago B.
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