Dentro del anuncio de la Procuraduría General de la Nación de formular pliegos de cargos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y al exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, el Ministerio Público reprochó la actuación del actual contralor del Cesar, César Cerchiaro de La Rosa, cuando era secretario general del departamento por presuntamente haber vulnerado el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección No. LP-SGR-0004-2013, y firmar la Resolución 001713, que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808
La Procuraduría advirtió que en el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa se incluyeron presuntamente criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes.
Cerchiaro presentó su renuncia como secretario general el 31 de julio del 2014 aduciendo que iba a realizar estudios de especialización fuera del país. En enero del 2016, por unanimidad fue elegido por Asamblea Cesar como contralor departamental para el período 2016 – 2019. Desde un comienzo fue cuestionado por haber sido gerente de la campaña del actual del gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita.
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Igualmente, en el 2016, el entonces diputado Julio Cesar Casadiegos presentó una queja disciplinaria en contra de Cerchiaror por “graves irregularidades en ejercicio de las funciones”. La queja estaba relacionada con una auditoría hecha a la Gobernación del Cesar en el 2014 de la cual surgieron 18 hallazgos administrativos, 8 hallazgos fiscales, 13 hallazgos disciplinarios, 9 hallazgos penales para un total de 48 hallazgos.
En la queja disciplinaria, el exdiputado aseguraba que luego de una reunión funcionarios de la Contraloría del Cesar tomaron la decisión de declarar No Conforme la Auditoría Vigencia 2014 y todos sus hallazgos.
El problema era que, agrega, los funcionarios que decidieron declararla no conforme fueron contratados por Cesar Cerchiaro, “generando un conflicto de intereses, debido a que los contratos donde se presentaron los hallazgos llevan su firma como secretario general de la Gobernación del Cesar para la vigencia 2014”.