El panorama que se vive en torno a la tercerización de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar, cada vez se pone más candente, puesto que este proceso pasó de ser un tema de discusión de los habitantes de la capital del Cesar, voceros, ediles y concejales a llegar al plano nacional.
Ejemplo de esto es el desarrollo y la injerencia que han asumido dos de los congresistas más conocidos en el departamento: el senador Antonio Sanguino y el representante a la Cámara Christian José Moreno.
Para el senador, existen irregularidades dentro del proceso que se adelanta con Emdupar, por esto, en un principio decidió interponer una acción de tutela argumentando que existe violación al debido proceso y a la participación ciudadana.
La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado dio respuesta a esa tutela por intermedio de la apoderada Diana Carolina Rodríguez.
Ante la respuesta de la apoderada de Emdupar, el parlamentario enfocó su contraataque en un supuesto ocultamiento deliberado de información por parte de la abogada.
Indica que en el acápite ‘IV pruebas’ se enuncia en el numeral 10 el aporte de un documento para que sea tenido en cuenta como prueba documental, en el que se cita la evaluación integral de prestadores emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
Dicho documento fue elaborado por la dirección técnica de gestión de acueducto y alcantarillado de la Superintendencia delegada en marzo de 2017, haciendo el análisis a las vigencias 2015 y 2016.
En dicho momento, informa, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un diagnóstico poco alentador para la entidad en la que se concluyeron las falencias en los componentes administrativos – financieros, operativos y comerciales, lo que generó un diseño de plan de mejora para los siguientes años.
En todo caso a lo que apunta Sanguino Páez, como ocultamiento de información, es que la prueba aportada por la apoderada Diana Rodríguez está realizada para defender, según él, la tesis de la necesidad de búsqueda de un aliado estratégico, cuando lo cierto, indica, es que el 4 de julio de 2019 la Superservicios entregó el informe de visita realizada entre los días 17 al 19 de junio de 2019, aportando así la “finalización del programa de gestión suscrito el 25 de mayo de 2017”.
Como prueba de esto, el legislador adjunta un oficio de la Superservicios donde se indica: “En este documento se encuentran descritos los porcentajes finales de cumplimiento por componente y total del programa de gestión suscrito el día 25 de mayo de 2017 entre la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.
Seguido de esto adjunta las conclusiones y recomendaciones en torno a los componentes administrativos y comerciales en los que destaca la reorganización institucional con la que la planta disminuiría de 250 a 177 trabajadores; incumplimiento de uno de los once compromisos del componente comercial concerniente a la instalación de micromedidores; el aumento significativo de los flujos de caja operativos que impactó positivamente el capital de trabajo para operación, el mejoramiento de los indicadores financieros a octubre de 2018, entre otros aspectos.
Ante estas pruebas, el senador aduce: “Es posible que se pueda incurrir en error al juez de tutela, puesto que existen informes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de años posteriores a los que hoy la gerencia de Emdupar usa como soporte técnico en la toma de decisiones, como lo es la búsqueda del aliado estratégico que se usufructúe de los bienes de la entidad pública durante los próximos 25 años”, concluye.
SOLICITUD CHRISTIAN MORENO
Mediante un documento dirigido a la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, y el contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el representante a la Cámara Christian José Moreno formuló una petición solicitando suspender el proceso contractual adelantado en la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado, Emdupar.
Por medio de sus redes, el representante por el departamento del Cesar comunicó: “He solicitado a la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República suspender el proceso contractual de ‘aliado estratégico’ de Emdupar S.A. E.S.P. por ser lesivo a los intereses de los valduparenses. Se puede constituir un detrimento patrimonial de grandes proporciones”.
Adjunto a este trino, dejó constancia del documento en el que se puede ver cómo mediante asunto de actuación preferente, preventiva y concomitante, anuncia que dicho proceso contractual ha generado todo tipo de dudas y controversias, esto debido a que se han presentado una infinidad de observaciones y críticas desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero.
Asimismo indica que dicho proceso causa una afectación a los principios de moralidad pública, selección objetiva y transparencia que se requieren para la contratación, lo que puede llevar a un detrimento patrimonial para la ciudad de Valledupar y la empresa.
Por eso, también a través de Twitter, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, le respondió al congresista: “Honorable representante. Nos resulta interesante su protagonismo y preocupación por el tema de @EmduparESP cuya situación es crítica y debe conocerla. Le informo además que fuimos los primeros en solicitar el acompañamiento de los entes de control al proceso”.
Mensaje que encontró respuesta en el congresista: “Alcalde he conocido la situación de @EmduparESP y las insuficiencias del proceso, por eso no solicito acompañamiento, sino suspensión, el proceso es dañino, no soluciona el problema, el privado no aporta en nada a la solución y perdió la legitimidad que entrega el pueblo”.
¿POR QUÉ EL ALIADO?
A través de varias entrevistas, la gerente de Emdupar, Soledad Manjarres, ha dado sus argumentos sobre por qué considera es necesario buscar un aliado estratégico para la empresa.
“Está más que claro con toda esta radiografía que necesitamos buscar una alianza estratégica con un músculo financiero que nos ayude a solventar el problema de Emdupar. No podemos dejarla morir, la empresa está en cuidados intensivos. No podemos seguir tapando los problemas con pañitos de agua tibia”, señaló Manjarres a EL PILÓN.
Según la gerente, “Emdupar no se privatizará; no se hará una concesión, no se venderán acciones de la empresa, tampoco se cederán sus activos”. “Sí requerimos un modelo atípico con una alianza estratégica que nos ayude a hacer las inversiones que Valledupar tanto necesita. Y adicional a esto, que nos ayude con las deudas laborales que tenemos, que oscilan en los $74.000 millones. Esto incluye deudas como las de Corpocesar, que entre capital e intereses adeudamos $14.000 millones de pesos”, agregó.
POR: JHOSER BERMÚDEZ