La Sala de Conocimiento del Distrito Judicial de Justicia y Paz de Bogotá impuso condena alternativa de ocho de años de prisión contra Salvatore Mancuso y en la misma sentencia fueron cobijados Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’; José Bernardo Losada Artuz, Isaías Montes Hernández, Lenin Giovanni Palma Bermúdez y Juan Ramón de las Aguas, cabecillas de las autodefensas que operaron en la Costa Caribe y en el departamento de Norte de Santander.
La Fiscalía General les imputó cerca de 103 hechos punibles de más de 400 actos delictivos en los que murieron centenares de personas, con los que pretendían expandir la acción terrorista con fines aparentemente políticos. Los hechos imputados por la Fiscalía se relacionan con las masacres en agosto de 1999 y julio de 2000, respectivamente.
La magistrada Alexandra Valencia, al justificar la sentencia contenida en 800 folios, explicó que se trató del mayor acto de barbarie cometido en el país, con el apoyo de algunos integrantes de la fuerza pública, varios ya condenados por estos hechos.
Los delitos por los cuales fueron condenados los desmovilizados son los de concierto para delinquir agravado, terrorismo, desaparición forzada, homicidio en persona protegida, experimentos biológicos prohibidos, narcotráfico y hurto.
De la misma manera por los punibles de despojo de bienes en campo de batalla, destinación ilícita de muebles e inmuebles; porte, distribución y tráfico de sustancias estupefacientes; y destinación ilegal de pistas de aterrizaje.
Al cabecilla paramilitar Mancuso Gómez le fue calculada la pena en 480 meses de prisión y 50 mil salarios mínimos legales vigentes, pero fue beneficiado con la pena alternativa de ocho años dentro de justicia , verdad y reparación por la violación masiva de Derechos Humanos.
Reparación
Con el propósito de reparar a las víctimas, la sentencia contempla la expropiación de bienes muebles e inmuebles en Colombia y el exterior de los desmovilizados, entre ellos La Enoteca, reconocida tienda de vinos ubicada en Cartagena (Bolívar), varios predios en Tierra Alta (Córdoba) y municipios aledaños, proyectos en posesión del Estado como cultivos productivos de madera entre otros.
Entre las víctimas acreditadas con derecho a ser reparadas por los cabecillas de las organizaciones al margen de la ley, la Fiscalía destacó a Abel Villamizar, Abilio Guzmán Pinto, Adalberto Prado Arias y Alba Esther Guerrero.
Por Redacción Judicial / EL PILÓN