A 25 años de prisión fue condenado al excomandante del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, tras a acogerse a sentencia anticipada como coautor del delito de homicidio agravado en el que resultaron víctimas siete funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía.
La sentencia de 25 años de prisión contra Tovar Pupo, extraditado a Estados Unidos, fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar.
De acuerdo con lo consignado en el expediente, la Fiscalía 27 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, el 18 de noviembre de 2005 hizo la formulación de acusación contra Rodrigo Tovar Pupo y estando en trámite el juicio por la muerte de los investigadores, este exparamilitar en su sitio de reclusión se acoge a sentencia anticipada solo por el delito de homicidio, mediante escrito privado autenticado por un notario.
Los hechos
Edilberto Arturo Linares Correa, Carlos Arturo Ibarra Bernal, Hugo Alberto Quintero Solano, Danilo Javier Carrera Aguancha, Mario Abel Anillo Trocha, Israel Alberto Roca Martínez y Jaime Elías Barros Ovalle, investigadores del CTI de la Fiscalía seccional Cesar, el 9 de marzo de 2000, se movilizaban en una camioneta Toyota Land Cruizer, color rojo de placas MIL-597, y otra camioneta laboratorio Chevrolet Luv, de placas OIR-051.
Ese día los funcionarios se disponían a realizar la exhumación del cadáver de Alcides Tiburcio Rivera Palencia, persona desaparecida el 15 de octubre de 1999, y que – según las investigaciones de la Fiscalía- había sido enterrado por ‘paras’ en la finca ‘La Holanda’, ubicada en el corregimiento de Minguillo, jurisdicción del municipio de La Paz.
De acuerdo con las versiones entregadas en Justicia y Paz, por ex paramilitares como Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, en el desarrollo de esa operación los miembros del CTI fueron asesinados, descuartizados y los restos fueron desaparecidos por orden del extraditado ex jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
El crimen también fue confesado por Hugo Alberto Vanegas Machado, alias ‘El Pavo’, quien estuvo bajo el mando de alias ‘El Tigre’, en el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del bloque norte de las AUC.
“La orden era darle plomo a todos los de la Fiscalía que se metieran dónde estaban los paracos”, dijo ‘El Pavo’.
Otros desmovilizados han dado versiones sobre el paradero de los restos de los investigadores, algunos dicen que fueron arrojados al río Cesar, otros que fueron enterrados. Sin embargo, ha sido imposible para las autoridades establecer la ubicación de los restos, ya que los ex paramilitares que participaron del crimen se contradicen en las versiones rendidas ante Justicia y Paz.
La búsqueda
Con el fin de dar con el paradero de los funcionarios desaparecidos la dirección seccional del CTI solicitó a la Fiscalía General de la Nación, diligencias de allanamiento y registro en la zona que visitaron los investigadores cuando fueron interceptados por paramilitares.
Fue así como el 11 de abril de 2000, el CTI y la Policía Nacional en operación de registro a la hacienda ‘San Gabriel’, fue hallado en medio de un matorral la camioneta Toyota Land Cruizer, color rojo de placas MIL-597, en la cual se movilizaban parte de la comisión judicial desaparecida. Días después el administrador del predio fue asesinado.
Al mes siguiente, otra comisión del CTI inspeccionó la finca ‘La Holanda’ y logró cumplir la misión de sus compañeros desaparecidos, exhumar el cadáver de Alcides Tiburcio Rivera Palencia.
En una diligencia realizada por la Fiscalía, el 4 de marzo de 2001, en el sitio conocido como ‘Corral negro’, en predios de la finca ‘El triunfo’, los peritos desenterraron la camioneta laboratorio, Chevrolet Luv, de placas OIR-051, y luego se pudo establecer que este había sido incinerado totalmente antes de ser enterrado.
Desde el año 2008 hasta la fecha las autoridades han realizado varias de diligencias exhumación en haciendas ubicadas en los municipios de Codazzi, La Paz, El Paso, Becerril y La Jagua de Ibirico Cesar, verificando informaciones de ‘exparas’ sobre la posible ubicación de las fosas donde se encuentran los restos de los siete servidores del CTI, todas con resultados negativos.