A partir del primero de agosto, empezará a regir el nuevo Código de Policía y como en varias ciudades del país, en Valledupar no están dadas las condiciones para su correcta implementación. Así lo dieron a conocer los concejales de la capital cesarense durante un debate al que fueron citados miembros de la administración municipal para que explicaran los avances de la parte sancionatoria de la Ley 1801 de 2016.
Este debate fue propuesto por los concejales Luis Miguel Santrich, Gabriel Muvdi, José Amiro Aramendiz y Wilfrido Ortíz, quienes concluyeron que a sólo una semana de que entre a regir la etapa sancionatoria, la administración municipal no cuenta con coso, escombrera ni albergues para las personas en condición de calle.
Lo que preocupa a los concejales es que este código quede en letra muerta o que por la falta de garantías, no se realicen los debidos procesos a la ciudadanía y que resulte atropellada.
“Este código es oportuno porque brinda unas herramientas importantes para la sana convivencia, pero necesitamos que se garanticen los procesos; la ley está vigente por lo tanto hay que trabajar para que entre al ritmo de las necesidades para su implementación”, manifestó el presidente del Concejo, Luis Miguel Santrich.
Recordó además que los entes territoriales tuvieron seis meses para implementar la pedagogía, pero ya es hora de pasar a las sanciones representadas en multas monetarias y restricción de la libertad.
Durante el debate, el personero municipal, Alfonso Campos Martínez, nombró una serie de incumplimientos por parte de las sectoriales que han hecho caso omiso y no asisten a los llamados de la Personería para la implementación del Código de Policía.
En representación del gobierno municipal, la secretaria de Gobierno, Sandra Cujia, expresó que a escasos días de la puesta en marcha de la parte sancionaría de la ley es bienvenido el debate para demostrar todos los actos administrativos que serán firmados por el alcalde, más de ocho decretos referentes a la cultura ciudadana, la protección de los niños, restricciones de todo tipo de normas contrarias a la convivencia, espacios públicos y sentido de pertenencia. Agregó que en una semana se deben difundir masivamente estos decretos, para conocimiento de la ciudadanía.
Por Adriana Palomo Molina