Por: Pepe Morón Reales
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En las instalaciones de la Alcaldía algunos hablan de supuesto ‘engavetamiento’ de los proyectos presentados por el alcalde Fredys Socarrás, a mano de los concejales de Valledupar. Hecho que al parecer mantiene tensas las ya difíciles relaciones entre estas dos ramas del poder público.
Según el concejal Jaime González, el Concejo en el actual periodo de sesiones tiene seis proyectos en trámite. De este total, dos fueron retirados de la Secretaría General de dicha Corporación el pasado martes mediante oficio No. SHA 695 de 2013.
Este documento, registrado por la secretaria de Hacienda Municipal, Lily Ester Mendoza, incluye el acuerdo por medio del cual se modifica el artículo 154 del capítulo 13 del título 1 del libro primero o parte sustantiva del acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012 por la que se adopta la tarifa de la sobretasa de la gasolina.
Junto a esa iniciativa, González contó que el ejecutivo retiró la exoneración del impuesto predial a bienes sujetos a restitución de tierras, y aclara que los proyectos retirados el pasado martes, necesitaban una autorización previa por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en atención a lo establecido en el acta de determinación de actividades durante la negociación del acuerdo de reestructuración de pasivos del Municipio, suscrito entre el alcalde Fredys Socarrás y la directora de Apoyo Fiscal del citado Ministerio, Ana Lucía Villa Arcila.
Por ese motivo el Concejo Municipal no podía darles trámite puesto que no contaban con dicha autorización previa requerida según el acta de determinación.
Sumado a lo dicho por Jaime González, el presidente de esta Corporación Municipal, Carlos Andrés Cotes, indicó que el Concejo detalla cada proyecto de acuerdo a cómo llega a la Corporación y es respetuoso de la coherencia jurídica de las iniciativas y, fundamentalmente, de la conveniencia que éstos revistan para la comunidad: “El Concejo busca ser estudioso y prudente con los proyectos que presenta la administración”
Según Cotes, este Concejo, toma en serio el estudio minucioso de cada proyecto, de acuerdo a cómo llega a sus manos, por tanto se toma el tiempo necesario para darle el trámite, cumpliendo así con las normas jurídicas que establecen periodos de acuerdo a la magnitud y complejidad de la iniciativa sometida a estudio.