Seis días de protestas cumplen los concejales del municipio de Chiriguaná, quienes se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Valledupar con el fin de presentar una queja en contra del presidente del Concejo de esa población, Roberto García Peña y la mesa directiva de esta corporación edilicia.
Según los siete concejales, García Peña tuvo una extralimitación en sus funciones al no darle trámite a las proposiciones presentadas por uno de los concejales y omitió también el orden del día de la las sesiones ordinarias realizadas el 1 de febrero del año en curso.
Ellos también piden la presencia de un delegado de la Procuraduría General de la Nación para que revise los temas relacionados con las actuaciones realizadas en ausencia de ellos por el tiempo de suspensión. El concejal Arnovis Porra dijo que sufren una persecución política por parte del alcalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dagil, porque no les permitieron hacer lo que él quería.
El procurador Provincial de Valledupar, Alberto de Jesús Valle Campo indicó que los concejales están protestando por motivos de la sanción asignada por este ente de control disciplinario que después se vio en la necesidad de revocar el proceso, basándose en una nulidad por un error procedimental por parte de la Procuraduría General de la Nación.
El fallo de la revocatoria en su artículo segundo, declara la anualidad de la actuación por lo expuesto en la parte emotiva a partir del auto de citación, lo que indica que deben ser citados de nuevo y se hará a finales de este mes.
El concejal Walter García dijo que es lamentable llegar hasta esta situación para que los entes de control los escuchen, por eso piden la presencia del Procurador General de la Nación para que revisen el tema de Chiriguaná porque el alcalde de turno no ha priorizado sus dineros, sólo se ha dedicado a hacer pavimento, lo cual no es la prioridad del pueblo. “No tenemos agua, alcantarillado, universidad y el servicio de salud es mala, radicamos una denuncia aquí en la Procuraduría pero no confiamos en ellos porque para nadie es un secreto que el Procurador Provincial se prestó para que el alcalde acabara con nuestro municipio”.
Ante estas declaraciones, el procurador Valle Campo dijo “en la procuraduría no hay ningún complot, ellos limitaron las facultades del alcalde para contratar por 15 días y eso es un comportamiento irregular que a nosotros nos corresponde investigar porque la Corte Constitucional lo ha dicho en varias jurisprudencia que las facultades deben ser protegidas, razonables y deben demorar lo que tarda un proceso de contratación”.
García manifestó que al momento de regresar de la suspensión encontraron que los concejales que estaban de turno, le dieron todas las facultades del año pasado y el que va en curso al alcalde Gustavo Aroca. “Una de las funciones del Concejo es hacer control político pero si ellos tienen todas esas facultades entonces qué vamos hacer al Concejo, él tiene para servirse y hacer todo lo que quiere”.
Ellos afirmaron “el alcalde fue autorizado para que hipotecara al Municipio por 5.200 millones de pesos para hacer 120 viviendas de las cuales en Chiriguaná no se ve ninguna”. También hicieron un llamado al DNP que revise el dinero de la regalías, hay una reliquidación de 800 millones de pesos y el alcalde no hace nada con eso.
Otros de los temas que los preocupa es el matadero municipal, que está cerrado desde hace mucho tiempo, hoy se sacrifica ganado en los patios, veredas o fincas perjudicando la salud de los chiriguaneros.
Los líderes comunitarios también manifestaron que a Gustavo Aroca Se le aprobó el comodato de la utilización de la biblioteca pública para la subsede de la Universidad Popular del Cesar pero van tres años esperando que los jóvenes del municipio se les permita acceder a la educación profesional sin costo, además el convenio del Icetex también lo dejó perder por falta de recursos.
El procurador Alberto de Jesús Valle Campo dijo que esto no es un capricho propio, porque el Procurador General Alejandro Ordóñez cuando visitó a La Guajira, los alcaldes del Magdalena y Cesar dijeron que se sentían extorsionados por los concejales al momento de solicitar las facultades, porque eran presionados con supuestas prebendas. “Nosotros tenemos como criterio trabajar preventivamente pero cuando un funcionario “raya” en los límites del derecho disciplinario nos toca investigar para absolver o sancionarlos”.
Katherine Villazón Hernández/EL PILÓN
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