Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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Tras la captura de Manuel Villalba Mozo, presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, por su presunta relación con el ascenso irregular de docentes para que estos lograran un grado superior en su escalafón y recibieran mayores beneficios de parte del Estado, se realizó la audiencia de imputación de cargos.
De acuerdo con la Fiscalía 10 seccional, Villalba Mozo incurrió en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y concierto para delinquir.
Todo esto estuvo sustentado por el fiscal que lleva el caso, quien durante la audiencia realizada en el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías relató cuatro casos de docentes del municipio de El Copey que habrían sido beneficiadas con estos procedimientos para lo cual cancelaban determinados montos a Villalba Mozo y otros funcionarios que también están siendo investigados por estos hechos desde el año 2017.
Se trata de Everlides Orozco Escobar, Sandra Patricia Urueña, Zulma Daza y Rita Polo, quienes entre el año 2015 y 2016 ascendieron en grados. Las cuatro mujeres rindieron interrogatorio ante la Fiscalía en medio de esta investigación.
Según lo relatado por el fiscal, se pudo constatar que las personas no hicieron los trámites necesarios para ascender como se establece en los requerimientos y como parte de las averiguaciones que realiza el ente acusador, al solicitar a las universidades certificaciones de estas personas como egresados suyos, las instituciones mediante oficio dijeron que no registran a los sujetos mencionados como egresados y que nunca realizaron ningún estudio.
Además, el fiscal de esta diligencia indicó que Villalba Mozo incurrió en fraude procesal directamente, es decir, sobre él mismo. Esto, porque mediante la Resolución 4884 del 23 de septiembre de 2015, la Secretaría de Educación del Cesar le concedió el ascenso a grado 10.
Para este fin Villalba Mozo aportó documentos como el acta de grado 043 de la Universidad del Atlántico y el acta individual de grado que dan cuenta que egresó de dicho plantel el 18 de abril de 2005 como licenciado.
Sin embargo, explicó el fiscal, los documentos no corresponden a la certificación de la universidad que da cuenta que no se encuentra registrado en los archivos de la institución y que tampoco tiene registro activo en el sistema implementado por la universidad desde el año 2007.
De la misma manera el funcionario le explicó a Villalba Mozo que de aceptar los cargos tendría el beneficio de una rebaja de pena del 50 %. A pesar de esto el sindicato no aceptó los cargos sobre los que la Fiscalía manifestó que tiene suficientes elementos probatorios para llamarlo a juicio.
Entre tanto, en la tarde de ayer se dictó medida de aseguramiento domiciliaria para el sindicado mientras que la Fiscalía tiene 90 días para presentar el escrito de acusación.