En Colombia, se ha recrudecido la violencia tras constantes asesinatos ejecutados a diferentes defensores de derechos humanos y líderes sociales. Según informes de Indepaz, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, en lo que va de año, 119 personas han sido asesinadas a lo largo del país. Ante la preocupante situación, el coordinador del programa Somos Defensores, Carlos Guevara, se pronunció, expresando que Colombia llego al nivel de “crisis humanitaria”.
Según el diario El Tiempo, si se contabilizan los homicidios cometidos contra líderes en el país desde la firma de los Acuerdos de Paz del Gobierno con las Farc, la cifra se torna aún más preocupante. Según los registros de Indepaz, desde diciembre de 2016, 292 defensores han sido asesinados en el país, es decir que en promedio se registró una muerte cada cuatro días.
De acuerdo con el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo (Indepaz), las cifras evidencian que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos “siguen siendo una expresión del déficit crónico del Estado” e insisten en que a pesar de que el Gobierno ha acordado una serie de medidas para el ejercicio de la oposición política y la labor de defensa de los Derechos Humanos, a la fecha estas no han sido lo suficientemente efectivas.
Después de las elecciones presidenciales del 17 de junio, 22 líderes sociales han sido asesinados, a propósito el coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, manifestó “las campañas políticas utilizan voceros a nivel regional o local, hay muchos enemigos de la paz o de alguna de estas campañas que se van en contra de los líderes”.
También expresó, en otras palabras, que quienes han funcionado como mecanismos de autoprotección son la Guardia Indígena y Campesina, pues son quienes han logrado neutralizar a los grupos que atentan contra las comunidades.
El informe revelado por estas organizaciones, asegura que el 81,5% de las víctimas pertenecen a organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal o étnicas. También expresan que los conflictos por tierras y recursos naturales (minería y cultivos ilícitos) serían en un 83,19% de los casos, el principal motivo de los asesinatos.
Según el diario El Colombiano, las víctimas son asesinadas dentro de sus viviendas o en su defecto muy cerca de las mismas. Los grupos armados, incluso, han cometido el asesinato en frente de familiares. En otros casos, las víctimas son raptadas antes de ser halladas muertas por las autoridades. También, el asesinato de familiares de los líderes (hijos) es contabilizado como otro patrón que siguen los grupos armados.
Los asesinatos son comunes en zonas donde ha habido mayor disputa por la restitución de tierras y cultivos ilícitos, pues allí es donde confluyen diferentes grupos armados y no existe un mando único establecido. El coordinador de la Coccam en Córdoba, informó que los asesinatos se producen pues los líderes sociales impulsan la eliminación de una economía ilegal que beneficia únicamente a los narcotraficantes.
Por cada hectárea de coca que se retira, los narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año, por ende, al verse afectados sus intereses asumen comportamientos violentos. Así lo reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de los Cultivos Ilícitos. Por ahora, Indepaz, la Cumbre Agraria y Marcha Patriótica sostienen que las dificultades actuales del Proceso de Paz exigen nuevas respuestas para frenar las agresiones que se han presentado.