El Consejo Nacional Electoral anunció la entrada en vigencia de la Resolución 0333 del 16 de marzo de 2015, que constituye la herramienta legal para combatir la trashumancia electoral o trasteo de votantes por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía.
Desde este momento, el CNE podrá iniciar investigaciones de oficio por la llamada trashumancia histórica, la que se consumó en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014 como por la que se haya podido presentar desde el 25 de octubre de 2014 y hasta la fecha de cierre de inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones locales del 25 de octubre.
El magistrado Emiliano Rivera Bravo, Presidente del CNE, anunció, “bajo la anterior resolución, el CNE tenía que esperar el cierre de inscripción de cédulas para iniciar investigaciones, eso conducía a que el resultado de las mismas fuese ineficaz, pues concluían con posterioridad al debate electoral o en unos tiempos que ya no permitían retirar esas inscripciones irregulares de cédulas antes de las elecciones”.
Anunció además que tras una preparación combinada y transversal con otras entidades estatales como la Registraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral planea darle un golpe sin precedentes a la trashumancia electoral, una de las prácticas delictivas más perversas para la democracia.
Con esta medida, la institución busca no solo la anulación de la cédula de un ciudadano que inscribió su documento en un municipio diferente al lugar de su residencia o trabajo, sino ir detrás de las organizaciones criminales que quieren apoderarse de un municipio y hasta de una gobernación.
Es así como en labor conjunta, las instituciones involucradas se han especializado en capacitar funcionarios exclusivos para el tema electoral, pues vale la pena recalcar que el delito de la trashumancia puede tener sanciones penales que van desde los cuatro hasta los nueve años de prisión.
“Al igual que lo hemos hecho con la propaganda electoral extemporánea, desde hoy nos adelantamos a investigar la inscripción irregular de cédulas para combatir eficazmente los propósitos de las empresas criminales que operan la trashumancia electoral. Hoy contamos con más información y cruce de bases de datos además de casi siete meses de anticipación a las elecciones. Anunciamos el principio del fin del trasteo de votos”, enfatizó el vicepresidente del CNE, el magistrado Felipe García Echeverri.
Katherine Villazón H /El Pilón
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