Por: LUIS ALONSO LUGO. Associated Press
WASHINGTON. AP. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una visita en pleno a Colombia y Ecuador, meses después de que el gobierno de Quito criticara severamente a ese organismo por su supuesta falta de transparencia y de rigurosidad jurídica.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, calificó como una “apertura muy importante” la decisión de ambos gobiernos para recibir las visitas, que servirán para “realizar una revisión integral sobre la situación de los derechos humanos en cada país”.
La visita
Álvarez explicó que las visitas en pleno, conocidas en la jerga jurídica como visitas in loco, son un mecanismo de alto nivel porque implican la visita de los siete integrantes de la CIDH, quienes elaborarán un informe tras entrevistarse con autoridades y defensores de derechos humanos, celebrar audiencias y viajar a diferentes regiones dentro del territorio nacional. El informe suele definir la agenda nacional en derechos humanos a mediano y largo plazo.
La CIDH anunció también la creación de una Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una solicitud que había expresado Ecuador —y otros países— a comienzos de año como parte de su argumento que la CIDH presta demasiada atención al derecho a la libertad de expresión y por lo tanto desatiende otros.
Las diferencias alcanzaron su punto más álgido en marzo, cuando el ministro de relaciones exteriores Ricardo Patiño acusó a la CIDH de haber otorgado con celeridad excesiva medidas cautelares a favor del periodista Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos y propietarios del diario El Universo, quienes fueron condenados por la justicia ecuatoriana a indemnizar al mandatario Rafael Correa por una suma de 42 millones de dólares.
La CIDH, que emite medidas cautelares para prevenir daños irreparables a personas en situaciones de gravedad y urgencia, retiró el beneficio jurídico después de que Correa perdonara a los sentenciados. Quito sostiene que no hay amenaza a la vida ni a la libertad de expresión en Ecuador, por lo cual las medidas cautelares no se justificaban.