CARACAS (AP)
El dirigente opositor Henry Ramos Allup afirmó ayer que el ex presidente Carlos Andrés Pérez se encuentra en una “pésima” situación física y psíquica que no le permite ser imputado, y aseguró que de persistir el gobierno en extraditarlo podría acelerar su deterioro físico.
El máximo tribunal aprobó la petición de extradición que realizó la Fiscalía General para juzgar al ex gobernante por los hechos de violencia ocurridos durante las protestas callejeras de febrero de 1989, conocidas como el “Caracazo”, en los que murieron centenares de personas.
Pérez es señalado del delito de “homicidio intencional calificado”. Fue destituido de su cargo en mayo de 1993 y procesado por corrupción.
El secretario del partido Acción Democrática, donde Pérez militó por varias décadas, indicó a la AP que tras el accidente cerebro vascular que sufrió el ex mandatario en octubre del 2003 “es un hombre en pésimas condiciones físicas”, que además presenta “múltiples afecciones cardiacas”.
“Si quieren es matarlo, sigan con su trámite”, agregó. Ramos Allup dijo que desconocía si Pérez vendría a Venezuela para enfrentar el juicio.
Pérez, quien vive en Estados Unidos desde hace unos 10 años, tiene pendiente en el país dos juicios por enriquecimiento ilícito y por los violentos disturbios callejeros de 1989.
El director de actuación procesal del Ministerio Público, Alejandro Castillo, dijo ayer que se prevé un lapso legal de 60 días para que el Tribunal Supremo de Justicia remita a la Cancillería la solicitud de extradición de Pérez y se inicie el trámite ante el gobierno de Estados Unidos.
La Fiscalía acusó al general retirado Italo del Valle Aliegro, quien era el ministro de la Defensa para el momento en que ocurrió el “Caracazo”, por los delito de “homicidio en grado de complicidad necesaria”, y “quebrantamiento de pactos o tratados internacionales” en lo relativo a derechos humanos.
El Ministerio Público activó el proceso de extradición de Pérez poco tiempo después que el presidente Hugo Chávez exigió en un acto público la prisión para los responsables de los asesinatos que ocurrieron durante los violentos sucesos de 1989.