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Capturados en Aguachica implicados en ‘Cartel de la chatarrización’

Carlos Romero Vergas Prieto, vinculado a la Oficina de Matrículas y Traspasos del Tránsito de Aguachica, y Néstor Hernando Torres Alvear. Foto cortesía.

Un funcionario de la Secretaría del Tránsito del Municipio de Aguachica y otra persona particular, que estarían implicados en el ‘Cartel de la chatarrización’ de camiones y tractomulas, fueron capturados ayer cuando llegaban a iniciar sus labores.

Se trata de Carlos Romero Vargas Prieto, conocido como ‘Papo’, vinculado a la Oficina de Matrículas y Traspasos del Instituto Municipal de Transporte de Aguachica, y Néstor Hernando Torres Alvear, quien tiene una oficina de soluciones contables empresariales que funciona al frente de las dependencias del tránsito de este municipio del sur del Cesar.

Según la W Radio, la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación ya tiene preparada las pruebas que presentará ante los jueces por un cartel descubierto, encargado de falsificar documentos para simular los robos de camiones y tractomulas en algunas regiones del país, para así abrir nuevos cupos. Esto nace ante la dificultad de inscribir nuevos vehículos de carga ante el Ministerio de Transporte, que desde hace varios años mantiene congelada la cifra de cupos disponibles, buscando así de controlar la sobre oferta, y para conseguir un nuevo cupo era necesario demostrar la salida de circulación del vehículo que iban a reponer, ya fuese mediante robo, siniestro o chatarrización.

La Fiscalía General de la Nación indicó que los detenidos están acusados de los delitos de falsedad ideológica en documentos público agravado, falsedad material en documentos público agravado, uso de documento falso, estafa agravada, fraude procesal y concierto para delinquir, cuya investigación adelantada por las autoridades judiciales data desde el año 2013.

¿Cómo funcionaba esa red?
Según las investigaciones, el interesado en comprar un vehículo de carga y tramitar un cupo nuevo para que esta pudiera operar, es contactado por el tramitador que en muchas veces opera en el mismo sitio en dónde se hace la negociación del automotor, en el que el comprador cancela entre 40 y 70 millones de pesos por el cupo. Este entrega una carpeta completa con la certificación de la Secretaría de Tránsito en la que estaba matriculado el supuesto carro robado, la noticia criminal y el denuncio sobre el ilícito perpetrado contra el vehículo, al igual que el pre-aprobado emitido por el Ministerio de Transporte. La mayoría de los camiones y tractomulas que supuestamente han sido hurtados, aparecen matriculados en las secretarías de tránsito de los municipios de La Paz y Aguachica, Cesar; La Guajira; Sahagún y La Apartada, Córdoba, Armero Guayabal, Tolima, al igual que en Guacarí y Zarzal, Valle del Cauca.

Por Abdel Martínez Pérez /EL PILÓN

 

Categories: Judicial
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